Por: Laura Amaya Meneses
Últimamente han ocurrido toda clase de vicisitudes que ponen en jaque al régimen de Nicolás Maduro y en un efecto colateral al Gobierno colombiano. Los alarmantes ejercicios militares adelantados en la frontera por parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y las repudiables declaraciones de los exjefes de la guerrilla Farc, agudizan las tensiones con el vecino país.
El pasado martes 10 de septiembre, el arbitrario dictador anunció al mundo el despliegue de su supuesta estrategia de defensa al instaurar misiles aéreos y a sus FF.AA. a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Dichos ejercicios militares no son más que una cortina de humo, un mecanismo de distracción que se prolongará desde el 10 de septiembre hasta el 28 del mismo mes.
Cabe resaltar que este despliegue de fuerzas se presenta dos semanas después de que fuentes de inteligencia colombiana y americana ubicarán a los narco-terroristas, ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y ‘El Paisa’ en territorio venezolano. Desde allí, se cree que emitieron su manifiesto en el que declaraban entre eufemismos el retorno a la guerra, y su flagrante falta a los Acuerdos de Paz.
Al Gobierno colombiano se le ha convertido lo que era una encrucijada, en un problema de un solo cesto. Según el asesor de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, es un hecho la alianza de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN con el régimen de Maduro. Por lo que los anuncios de estos actores serían gravemente condenados por la comunidad internacional, ya que no representarían exclusivamente una amenaza a la paz de Colombia sino que a su vez, a la seguridad del hemisferio.
Uno de los principios en las relaciones internacionales es que de conformidad con la relevancia de los factores internos, o la llamada política doméstica, se determina el comportamiento externo del país. Es así como cobra una particular importancia la Certificación a Colombia en Derechos Humanos otorgada anualmente por Estados Unidos, en la que se haría entrega de US$ 20 millones de dólares para apoyar a las Fuerzas Militares.
En ese sentido, la paradoja es clara. Los recursos que en su deber ser tendrían que ser destinados a los rubros que son evaluados para dar dicha certificación, no son precisamente a los cuales se les destina. Históricamente, desde la constitución del Plan Colombia en el año 1999, y posteriormente a lo que se le llamo Plan Paz Colombia en el Gobierno Santos, el objeto de estos dineros es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Como bien concluía Antonio Caballero en uno de sus célebres libros, “la mitad de este país vive del crimen y la otra mitad, de combatirlo”.
Ahora bien, continuando con la estrategia diplomática, el pasado 11 de septiembre durante la última sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el Canciller Carlos Holmes Trujillo denunció la irrefutable protección que le brinda el régimen de Maduro a estos grupos ilegales. Adicionalmente, durante la misma sesión se aprobó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), iniciativa del representante del Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó. Este contempla el posible empleo de fuerzas armadas en una eventual intervención a Venezuela.
En lo que respecta a esta oscura alianza entre el régimen dictatorial madurista y los bandidos que traicionaron a todo un país por volver a una dolorosa guerra de más de 60 años, es evidente que los rige conjuntamente un anacronismo indolente frente a las necesidades de su pueblo.
Desafortunadamente, no existe una vía o estrategia certera para liberar con éxito al pueblo colombo-venezolano de sus históricos yugos. Pero no se puede perder la esperanza, si los Gobiernos de la región continúan con una presión fuerte y contundente de tipo multilateral contra la dictadura, se puede seguir acudiendo a los mecanismos diplomáticos para que esta sea finalmente derrocada, rinda cuentas y se restablezca de manera pacífica el orden democrático en Venezuela.
Por mi parte, queridos lectores colombianos, los invito a que transformemos la cólera y el paroxismo en verdaderas acciones o proyectos que impulsen con celeridad la implementación de los Acuerdos de Paz. Como nación se nos ha delegado la imperiosa tarea de no desfallecer, de doblegar esfuerzos, de construir una Nación más inclusiva y equitativa desde el seno de la paz. Pero, en esto soy enfática, a quienes faltaron a lo acordado les debe caer todo el peso de la justicia, la fuerza del Estado para combatirlos y bajo el imperio de la ley que sean extraditados prontamente.
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