Por Laura Amaya MenesesLa vulnerabilidad universal de la pandemia ha evidenciado problemas estructurales sin resolver en el centro de la sociedad de todos los gobiernos, sobre todo en aquellos de renta media y baja. Inevitablemente, medidas para mitigar el contagio como confinamientos, en sus diversos niveles, y toques de queda causan una irremediable reducción de la actividad productiva. Lo que conlleva a la caída de salarios y pérdidas de numerosos empleos, dando lugar así a mayores niveles de pobreza y desigualdad.
Diversos estudios asumen que la disminución de los ingresos es proporcional a la distribución de los mismos. No obstante, los peores efectos provocados por la pandemia del covid-19 no se evidencien en los quintiles de personas en situación de pobreza o informalidad, sino en la clase media latinoamericana. Por tanto, este segmento de la población está representada por aquellos trabajadores a los cuales se les redujo las horas de trabajo y a quienes sus acuerdos laborales llegaron a la suspensión completa de los contratos de empleo. En este subgrupo de la población podríamos encontrar fácilmente personas que están buscando un trabajo formal en la evidente dificultad coyuntural y que también son una importante clase media desprotegida.
Es pertinente enfatizar que ningún país de Sur América posee tasas de desempleo femenino ni brechas tan grandes entre hombres y mujeres en el mercado laboral como Colombia. En efecto, países tan desiguales como Chile, Bolivia y en menor medida Perú, la tasa de desempleo de las mujeres se agravó solo en los meses más críticos de la epidemia. Al respecto, Colombia ha avanzado muy poco en la paridad salarial, en la presencia de mano de obra femenina en sectores mejor remunerados y son las mujeres quienes están principalmente expuestas al desempleo. Para junio del presente año, el Dane evidenció en uno de sus informes que la mayor cantidad de empleos perdidos en el país durante este periodo de crisis se concentró en las micro y medianas empresas. En empresas de diez personas o menos, 42 % de hombres perdieron su trabajo, a comparación que en las mujeres esta cifra es de 71 %.
Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó en julio de este año un aumento de 31.2 millones de nuevas personas en situación de pobreza solo para Colombia, México, Brasil y Argentina. Lo que nos lleva a prender las alarmas en toda la región. Sin embargo, estos últimos dos países han hecho ampliaciones significativas en la protección social, la cual se ha promovido como respuesta a la crisis y tiene un gran efecto compensatorio. Por ejemplo, en el caso de Brasil el cuestionado Presidente J. Bolsonaro impulsó bajo una ley – No. 13982/2020 – un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) en principio por una duración de 3 meses, para realizar una transferencia de 600 BRL (el equivalente a 405.954 COP) el cual ayuda a solventar las necesidades básicas de los más vulnerables. También cabe traer a colación que esta podría llegar a ser una posible movida de popularidad del mandatario con miras a las elecciones presidenciales del 2022.
Es así, como de manera adicional a la población en situación de precariedad, estas trabajadoras y trabajadores formales que han sido duramente golpeados por la crisis económica y los acuerdos de reducción de salarios se asemejan hoy en día a los estratos más vulnerables. Por tanto, resulta imperativo que comience a resonar en el debate público de los diferentes gobiernos latinoamericanos la posibilidad de impulsar una renta básica universal para los sectores de la población que más lo requieren. De esta forma, se lograría dar un estímulo importante a la reactivación económica de la región. Asimismo, sin una política pública de empleo coherente y con enfoque de género, las consecuencias de la crisis podrían llegar a ser más devastadoras de lo que hoy por hoy son.
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