Por: Juan Sebastián Prieto Merchán
El gobierno de Iván Duque retiró el proyecto de reforma tributaria ante la protesta y el reclamo social en todas las ciudades del país. El presidente nunca tuvo las mayorías en el legislativo, el partido de gobierno le reclamó modificaciones al texto y la oposición lo vio fracasar sin siquiera discutir la propuesta en el Congreso. Por su parte, el viceministro, Juan Alberto Londoño, quien fue la cara de la reforma, argumentó públicamente que el saneamiento fiscal era necesario si queríamos mantener la calificación de inversión.
Pero, ¿puede el paro nacional afectar el flujo de capital extranjero? Para responder es necesario recordar que la movilización social en este gobierno inició en noviembre de 2019, antes de la pandemia, resurgió en septiembre de 2020 y en los últimos días se tomó todas las ciudades. A lo largo del gobierno Duque la movilización social ha sido masiva y constante, lo cual no es novedad; por ejemplo, durante el gobierno Santos el paro campesino y de los estudiantes también fueron protagonistas sin que esto implicará la perdida de calificación de riesgo para el país.
Las calificadoras de riesgo evalúan factores propios de las actividades financieras y bursátiles, pero no es un análisis lineal y su resultado depende de diferentes apreciaciones. Las calificaciones son una referencia, una medida que les indica a los inversionistas la certeza de pago sobre obligaciones adquiridas. Si bien la pérdida de calificación representa un peligro para la reactivación económica, existen otros factores políticos necesarios para dinamizar los índices macroeconómicos.
Standard & Poor´s y Fitch Ratings, compañías calificadoras, ya habían advertido que los índices macroeconómicos de Colombia se encontraban por debajo del promedio de los demás países bajo la misma calificación antes de iniciar la emergencia por covid.
Las calificadoras aplican métodos cuantitativos, pero también cualitativos. No solamente se tiene en cuenta indicadores sobre el PIB y de deuda corriente, sino también análisis institucionales. En este escenario es necesario concentrarse en la gobernabilidad y lo que sobresale del actual gobierno es su incapacidad para tramitar reformas.
El gobierno Duque es esquivo al estado de opinión del cual tanto se aprovechó en su momento Uribe Vélez: su favorabilidad en las encuestas cae en picada y la respuesta a la pandemia fue tardía provocando frustración y pobreza extrema. Sin las mayorías en el Congreso y sin sectores sociales a su favor, el gobierno no tiene cómo garantizar la competitividad del país. A pesar de que el presidente conocía de las advertencias de las calificadoras de riesgo, no tuvo la capacidad de construir una estrategia política que salvara la reforma.
El fracaso de la reforma tributaria terminó por señalar lo evidente, el gobierno Duque no tiene margen de maniobra. Tan es así, que todo el equipo económico del gobierno renunció -no es la primera vez que Carrasquilla renuncia tras el trámite de una reforma tributaria-.
El factor clave resulta ser la gobernabilidad en un gobierno que parece carecer de liderazgo y hasta de partido político. La última vez que Colombia perdió la calificación de inversión fue en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana. La movilización social no fue un factor determinante en esa evaluación, como si lo fue la crisis del UPAC, la crisis política y el fracaso de un proceso de paz.
Esta semana el portal Bloomberg señaló que los bonos de crédito del Estado colombiano ya se negocian como basura, básicamente porque se asumió que el gobierno no tendrá la capacidad de tramitar la reforma tributaria -lo cual terminó sucediendo-. Iván Duque anunció que concertará un nuevo texto con los partidos políticos, los gremios y los sectores sociales, es decir, lo que debió hacer desde principios de año.
Lastimosamente, la inversión extranjera se ha configurado como un elemento más del discurso de campaña. Los flujos de capital verifican ante todo garantías y se refugian en instituciones que cumplan con su obligación de proteger activos y actividades comerciales. En últimas, lo primordial es la seguridad jurídica. Y no, la movilización social por sí sola no destruye la inversión extranjera.
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