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Por: Jhonny Alejandro Marin Castrillon

La paz total parece ser la apuesta de desarme más ambiciosa de los últimos gobiernos. A favor y en contra de ello surgen diferentes incógnitas y críticas, y pese a que la bancada de Gobierno dice a cuenta gota lo que esto significa, hasta el momento lo nuevo solo es la voluntad de diálogo, el entusiasmo y la amplitud, sin saber cómo se recorrerá ese camino.

La desmovilización y sometimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo la ley de Justicia y Paz, tiene profundas diferencias respecto del Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo, FARC-EP. Esto queda claro en los propósitos y alcances, ya que el proceso de paz con las FARC–EP, a diferencia de la ley de Justicia y Paz, busca y tiene su acento en la reincorporación y la adquisición de justicia, verdad y posible reparación para las víctimas del conflicto.  Pero lo común en ambos casos, es su acento en la pacificación en los territorios como medio para avanzar en la lucha contra las drogas.

El acuerdo de paz tiene efectos positivos en la vida política, económica, social y cultural para el país, pero cuando se pone el acento por parte del Gobierno en la lucha contra las drogas, siendo este quien ejecuta el acuerdo, la implementación del actual y los próximos acuerdos se hacen insuficientes para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan los territorios.

En su crítica a la guerra de Rusia contra Ucrania, el filósofo Étienne Balibar insiste en que el pacifismo no es una opción, no porque piense o justifique la guerra, sino porque es igual de peligroso un pacifismo que esconda los problemas políticos, económicos y culturales creyendo que todo queda resuelto con el silenciamiento de los fusiles.

En esta perspectiva, la paz en Colombia debe de ser fruto y consecuencia de la justicia social, entendiendo esta como la superación de la desigualdad, la pobreza, el desempleo, mejoramiento de la infraestructura pública, garantías de acceso a salud y educación. 

Pero no solo basta con inversión económica, se requiere fortalecer el proceso de politización y discusión sobre el tipo de sociedad en que queremos vivir. Despolitizar el conflicto tiene como consecuencia la perpetuación y reinvención permanente de la guerra, y con ello cambiarán las organizaciones armadas, los sujetos, los alias, las acciones operacionales, pero las causas que avivan el conflicto armado quedarán intactas.

En mi opinión, lo fundamental de la propuesta de paz no es la pretensión de abarcar a todos los grupos armados por abarcarlos. Lo fundamental es la integralidad y simultaneidad del proceso, ello se traduce en hacer las inversiones y las transformaciones territoriales políticas, económicas y sociales, al tiempo que se ejecuta el desarme, la reincorporación y la adquisición de justicia, verdad, reparación a las victimas del conflicto armado.

Lo primero que requiere el país y los territorios es la manifestación pública de dialogar y sobre todo la voluntad de acordar una paz duradera. Esto no puede reducirse a un proceso de negociación o diálogo burocrático desde arriba, se requiere avanzar en procesos territoriales de paz, donde el gobierno, la comunidad y las organizaciones armadas tracen compromisos en lo concerniente a métodos, alcances e implementación de lo acordado.

Las discusiones que propicia la posibilidad de la paz son muchas, pero la voluntad de paz, diálogo y acogimiento a la justicia debe de iniciar con el cese al fuego. No se trata solo del cese al fuego bilateral entre el Estado y las organizaciones armadas, se requiere un cese al fuego multilateral que incluya el cese entre las propias organizaciones armadas. Es imperativo generar el ambiente propicio para la paz territorial.

La transformación de las condiciones de vida de las comunidades es el soporte del proceso de paz y de reincorporación de las organizaciones que se vinculen a una negociación o acogimiento a la justicia. Ello tendrá efectos en la reducción de los cultivos de uso ilícito, ya que al garantizar condiciones como los subsidios, créditos públicos, el mejoramiento de vías, la inserción en líneas de comercialización de los productos agrícolas, la sustitución se vuelve viable para el campesinado.

Las experiencias de las organizaciones sociales y las comunidades en la lucha por la paz son múltiples, se trata incorporarlas activamente brindando las garantías para que sean ellas las que determinen el rol y las transformaciones en sus territorios por una vida digna y con justicia social.

Twitter: @JhonnyMarinC

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