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Los mínimos requisitos de ley para aspirar a los concejos permiten que personajes pintorescos e incompetentes deslegitimen a estas instituciones. Hay concejales que parecen guardias de seguridad de los alcaldes, dice la nueva pluma Angélica Mayolo.
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Por Angélica Mayolo Obregón, estudiante de derecho de la U. Javeriana, de Cali, y miembro del programa «100 nuevas plumas en el Bicentenario, 2010-2021»
A escasos 5 meses de las elecciones a concejos municipales, miles de ciudadanos entre líderes comunitarios, profesionales, trabajadores independientes, estudiantes y aun personas sin el  grado mínimo de escolaridad,  buscan ansiosamente el aval de un partido político que les permita aspirar a la máxima corporación administrativa de su respectivo municipio o Distrito.
Lo llamativo es el masivo e intempestivo interés de integrar esta corporación. Se trata de un fenómeno común en los diferentes municipios y distritos del país, similar a una virosis de fácil contagio, que surge cada 4 años, se agudiza al aproximarse los comicios electorales,  y trae como síntoma un gran número de candidaturas.
Que existan muchas candidaturas no constituye una problemática; lo realmente preocupante es que la gran mayoría de los aspirantes no conozcan las funciones constitucionales atribuidas a los concejos municipales, no comprendan el concepto de control político y por ende tampoco  tengan claridad del rol que desempeñarían de ser elegidos.
Esta virosis la facilita el hecho de los mínimos requisitos que la ley 136/94  exige  para ser concejal en Colombia: basta con alcanzar la mayoría de edad, haber residido durante los 6 meses anteriores a la inscripción en el respectivo municipio o durante 3 años consecutivos en cualquier época y no estar inmerso en una causal de inhabilidad. Condiciones que sin mayores esfuerzos cualquier ciudadano  puede cumplir.
Increíblemente la ley no consagra ningún requisito de tipo académico, ni de competencia para ser concejal;  de tal manera que incluso una persona analfabeta puede llegar a serlo, asumiendo la relevante función de ejercer control político sobre las decisiones gubernamentales municipales, aprobar partidas presupuestales y autorizar al respectivo alcalde para contratar incluso de manera inconsulta.
Es precisamente esa falta de exigencia académica lo que ha ocasionado que personajes pintorescos e incompetentes lleguen a estas corporaciones; ¿o acaso no recuerdan al popular lustrabotas que integró el Concejo de Bogotá? 
Peor aún, que muchos concejales, desconociendo su principal función de control político, parezcan de la guardia de seguridad de los alcaldes, tras sus pasos en busca de favores políticos, lo que ha generado la pérdida de legitimidad de estas corporaciones.
Dada la ausencia de control  de los concejos municipales y distritales sobre las alcaldías en materia de contratación, se les considera responsables por los reprochables casos de corrupción que padece el país, tal y como lo señaló el Procurador General de la Nación recientemente.
Si bien es cierto el derecho constitucional a elegir y ser elegidos nos pertenece a todos,  es irresponsable aspirar a un cargo de elección popular sin contar con las condiciones para ejercerlo de forma idónea, máxime si se pretende integrar una institución vital para el desarrollo de los municipios y distritos. No se trata de ensayar.

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