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Inscripciones desbordadas en Carepa y Apartadó. Las cifras que se manejan en los corrillos políticos son escandalosas. La Procuraduría Provincial es una figura decorativa, dice periodista regional.
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Por Wilmar Jaramillo Velásquez, director de El Pregonero del Darién
 
En vista de que las mafias electorales están vivas y coleando en la zona de Urabá, más vigentes que nunca y ante las serias amenazas que se ciernen sobre los comicios electorales de octubre próximo, estamos a tiempo de aplicar los correctivos de rigor si se actúa en equipo y con responsabilidad.
 
La mafia comenzó su siniestro plan con el trasteo de votos; las inscripciones desbordadas en municipios como Carepa y Apartadó, son el claro reflejo de estas actuaciones.
 
Este es el epílogo de la contaminación de la campaña: se llevan los electores de un municipio para otro y los ponen a sufragar por una propuesta que no conocen ni les importa, y de paso castigan al pueblo de origen donde en realidad residen estos electores fantasmas. 
 
Sin ser brujos ni eruditos en la materia este cuadro refleja que los municipios castigados en esta oportunidad serían Turbo y Chigorodó en gran escala; pero hay otros también afectados como Mutatá, de comprobarse que del corregimiento de Bajirá, trasladaron electores para Carepa.
 
Las autoridades electorales han afirmado hasta la saciedad que estas inscripciones serán anuladas, lo que significa que no podrán votar ni en el lugar del trasteo ni en el de origen.  Ese sí es un verdadero castigo, independiente de las sanciones penales consagradas en la ley para este tipo de delitos.
 
La otra amenaza y quizá la más grave, tiene que ver con la famosa danza de los millones. La campaña no despega y ya hay millonarias sumas de dinero sobre el tapete comprando adeptos y negociando acuerdos.
 
Ya hay puestos claves en gobiernos locales cambiados por votos, delitos casi que imposibles de probar, a no ser que vuelvan a cometer la inocentada del señor Osvaldo Cuadrado y el doctor Hermides Fernández de firmar estos negocios sobre el papel y luego dejarlos expuestos al público como lo denunciara en días pasados el abogado Eduardo Zambrano.
 
Incluso el mismo médico Fernández, aprovechando la gabela de que en Urabá la Procuraduría Provincial es una figura decorativa, hasta se dio el lujo de revelar secretos de estas turbias negociaciones y hasta la forma de cómo le torcían el pescuezo a las licitaciones para dárselas a los amigos de Cuadrado Simanca. Incluso agregó por esos días que el alcalde era muy pobre y había que ayudarlo.
 
Ojalá salga del despacho tan pobre como entró. La plata mal habida siempre ha encontrado cobijo en algunas campañas políticas. Las cifras que se manejan en los corrillos políticos en Apartadó son escandalosas y los antecedentes así lo demuestran, pero son los organismos legítimos del Estado, aquellos que tienen capacidad y los medios para hacer inteligencia, los responsables de adelantar indagaciones en este sentido.
 
Ojalá antes que estos capitales siniestros, en asocio de candidatos igualmente siniestros, le hagan el daño a la democracia. Otro fantasma que sobrevuela la pureza de las elecciones de octubre son algunos funcionarios corruptos de la Registraduría, quienes se prestan para legalizar las trampas, sumados a jurados de votación mañosos y expertos en marcar tarjetas no marcadas por el elector y en llenar casillas de los formularios oficiales con cifras que beneficien a los candidatos de sus preferencias.
 
Es allí donde los partidos políticos tienen una enorme tarea con sus jurados, una buena selección de estos ciudadanos y una asistencia puntual y comprometida a las capacitaciones que en este sentido les brinda la misma Registraduría, permitirán en gran parte hacer frente a los desafíos que los corruptos le han impuesto a la jornada electoral que se avecina.
 
De otro lado, los mandatarios locales tienen el deber y la obligación de brindarles todas las garantías a los distintos partidos, de convocar de manera periódica los comités de garantías y darle curso diligencia a las denuncias que allí se presenten.
 
Finalmente el Consejo Nacional Electoral debe disponer, conjuntamente con las demás autoridades locales, de los mecanismos oportunos y eficaces para dar trámite a las quejas que se lleguen a presentar, repetimos independientemente de las actividades que organismos como la MOE desarrollen en la zona.

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