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La clase de justicia que se debe aplicar a los combatientes en el conflicto después de un muy posible acuerdo con las Farc, volvió a ser tema de debate después de que la premio nobel de paz, Jody Williams, afirmara que “pueden poner a todos los combatientes de la guerrilla en la cárcel. También a los paramilitares y a los del Ejército que han cometido crímenes de lesa humanidad. Y ya que están en eso, pueden poner a los narcos que les venden armas. Pero, entonces ¿quién va a quedar en las calles?”.
El dilema está en aplicar una justicia retributiva (la del castigo mediante la prisión, como la conocemos), o la restaurativa (transicional), que busca reparar y restaurar tanto a la víctima como al ofensor mediante la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Cada día son más los expertos en resolución de conflictos en el mundo que creen que la cárcel como castigo es poco beneficiosa para aplicar justicia después de un acuerdo de paz, cuando el fin último de este es buscar el perdón y la reconciliación entre una sociedad.
Así lo entendieron los líderes surafricanos Nelson Mandela y el arzobispo Desmond Tutu, quienes optaron por la justicia restaurativa para crear confianza y hacer posible la convivencia entre las víctimas y los victimarios, con “la necesidad de buscar entendimiento, en lugar de venganza, reparación, en vez de retaliación, y sanar, en lugar de victimizar”, afirmó Tutu.
En concepto del clérigo, la justicia retributiva no cumple con estas condiciones, ya que tiene como única misión castigar al individuo a través del Estado, sin consideración por las víctimas individuales o los ofensores.
El caso de Ruanda es un ejemplo, en donde, en la peor atrocidad de la historia de la humanidad, murieron 800.000 personas en tan solo 100 días.
Después del holocausto, los ruandeses aplicaron ambas clases de justicia. Con la retributiva, instaurada, debido a la presión internacional, desde 1997 al 2012, se juzgaron solo 60 casos, con un costo cercano a los 1.000 millones de dólares. En cambio, con el método tribal ruandés de la ‘Gacaca’, se logró juzgar, en ese mismo lapso de tiempo, más de un millón de casos, no solo relacionados con el genocidio, sino también con otros crímenes y toda clase de problemas comunales, a un costo de 40 millones de dólares. Y Ruanda es ahora un país más pacífico que antes del conflicto.
Algo similar a Ruanda sucedería en Colombia si se aplica la justicia retributiva, con un sistema judicial desbordado por los miles de procesos, los cuales, en su mayoría, prescriben en la mayor impunidad. El problema sería que aún si se envían a la cárcel los culpables, estas personas estarían poco dispuestas a colaborar en un proceso de reconciliación, ya que creerían que ya están pagando con creces sus faltas. En cambio, con el sistema de justicia restaurativa, mediante el servicio comunitario como el desminado, la erradicación de cultivos ilícitos o guardabosques, se les daría, como ofensores, “la oportunidad de reintegrarse a esas comunidades a las que causaron daño”, explica Tutu.
Los colombianos deben aprender que no todo se soluciona con cárcel, que es una forma de venganza y retaliación: lo que en últimas ha perpetuado nuestra guerra.
