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El servicio de inteligencia del Estado, el poderoso DAS, resultó víctima de unos cuantos ciudadanos antojadizos y de tramitadores desalmados que, sin mediar razones de fondo, se atreven a ofrecer llamadas telefónicas desde cabinas cercanas a las instalaciones del organismo para solicitar citas para obtener el pasado judicial.
Exhaustiva investigación
Para intentar acabar con las filas forzosas que se hacían habitualmente para cumplir el trámite, la máxima dirección de la seguridad estatal decidió, en diciembre del año pasado, asignar las citas telefónicamente.
Sin embargo la capacidad (3600 citas en Bogotá) pronto se quedó corta. Miles de ciudadanos, aprovechados e ignorantes de las dificultades que trae la modernización tecnológica, optaron por ponerse de acuerdo para marcar masivamente el número.
Para evitar el colapso del sistema (el telefónico, no el estatal), un mes después se tomó la audaz decisión de ampliar la capacidad en…48 cupos diarios más.
Como la insuficiencia del tele-centro impulsó a muchos personas a desplazarse para tratar de obtener con su presencia lo que no pueden conseguir por teléfono (y otras tantas desconocen el nuevo procedimiento), las filas para reclamar una ficha, lejos de disminuir, han crecido más que antes y, a su lado, florece una amplia gama de ofertas, intermediarios, emisarios, favores y atajos.  
Las consabidas exhaustivas investigaciones de los detectives del servicio de inteligencia estatal permiten han señalado su preocupación por ese hecho y concluyen con una invitación a los ‘amigos ciudadanos’ a no ser ingenuos, no dejarse engañar por inescrupulosos tramitadores y tampoco recurrir al personal de turno. (El comunicado de prensa 001 del 14 de enero de 2006 constituye una auténtica joya de la mentalidad oficial).
Ante semejante actitud por parte de la Inteligencia del Estado cabe preguntar qué tan complicado es aumentar el número de asignaciones o de otorgarlas con antelación superior a un día, efectuar los pagos por Internet (Advertimos que el costo del trámite del pasado judicial es de U$14 aproximadamente, el 7 por ciento del salario mínimo. Absurdo), descentralizar el trámite (Antes se intentó) o eliminar el dichoso pasado judicial para cuestiones en las que es completamente innecesario.
Es ofensivo –por decir lo menos-, que los atropellos de la tecnología se conviertan en atropellos a la ciudadanía por parte de una entidad encargada de la protección y la seguridad de ¿Quién?
Salud bajo el aguacero
Algo similar, o peor, sucede en el Seguro Social. La consabida ineptitud del Estado –a través de los gobiernos de los últimos 50 años o algo así-, para brindar protección a los afiliados y ‘beneficiarios’ concluyó con la clausura, de un plumazo, de los servicios.
De cerca de 50 mil cirugías represadas se anunció en próximos días se atenderán 400. De seguir al mismo ritmo –cosa improbable-, se necesitan más de 2 años para ponerse al día.
Así que, aguante el corazón vecino, paciencia con su artritis y su diálisis comadre, ya llegará el día del Milagro. Mientras tanto, siga su peregrinación por los centros médicos, madrugue, soporte el frío y los aguaceros pues el Seguro Social tampoco concede citas telefónicas, menos a través de mensajeros y mucho menos, por Internet.
En vez de proponerse utilizar las tecnologías para mejorar la atención a las personas, el gobierno impulsa la privatización de los servicios como panacea infalible cuando, como lo demuestran muchas experiencias, lo que falta es una gestión inteligente de los recursos a través, justamente, de esas tecnologías.
Aquí no escampa
El comienzo de semestre en la Universidad conlleva mucha actividad burocrática: recibir recibos, fijar horarios a tiempo, cuadrar clases, renovar y suscribir contratos con los profesores. En fin, un chaparrón de trámites.
De ahí que resulte injustificada la demanda de quienes piden utilizar Internet para agilizar ciertos procedimientos y reducir las molestias a los clientes y compradores (estudiantes) y a los proveedores (docentes).
De ningún modo: la Alma Mater, fiel a su tradición milenaria (aunque tenga pocas décadas de fundación), conlleva obligaciones ineludibles, los estatutos establecen plazos y condiciones perentorias y, en consecuencia, procédase en rigor: las reglas tienen que ser rigurosas  y estables para que den seguridad…como la tiza, como el tablero.

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