Celosos, los mandos militares en Norte de Santander investigan la identidad de quienes permitieron a la población saludar el paso de la guerrillerada de las FARC-EP rumbo a la ZVTN en Catatumbo.
En efecto, numerosos grupos de estudiantes, juntas vecinales, cooperativas, habitantes comunes y hasta el clero de los municipios de El Tarra, San Calixto y Tibú salieron a aplaudir el cumplimiento del Acuerdo de La Habana por parte de las insurgencia.
Al parecer, esa actitud incomodó a los sensibles jefes militares de la región: la 2a división y la brigada móvil 33 del Ejército colombiano.
Antecedentes criminales
Han pasado más de 2 años y aún no se sabe nada del asesinato del dirigente agrario Ramón Toro, ocurrido en la navidad de 2014, en el municipio El Tarra. La Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat- acusó a militares adscritos a la brigada móvil 33 del crimen.
Meses antes, los campesinos habían denunciado la aparición de panfletos suscritos por el grupo paramilitar de las “águilas negras”.
La violencia paramilitar tiranizó con particular crudeza al Catatumbo desde mayo de 1999 cuando el comandante de la 2ª división del ejército, general Mario Fernando Roa, coordinó con los castaño y mancuso la entrada de los paramilitares a Norte de Santander. Masacres como las de Tibú y la Gabarra fueron perpetradas a través de esa terrorífica connivencia entre oficiales y paramilitares de extrema derecha, según el propio mancuso.
Gracias a ese respaldo activo de militares, políticos y empresarios; los paramilitares cometieron infinidad de asesinatos, masacres, desapariciones, violaciones y torturas en Norte de Santander, en especial entre 1999 y 2006: así querían controlar esta rica región fronteriza.
Indiferencia que parece complicidad
A comienzos de febrero de 2017, la organización Voces de Paz, integrante del mecanismo de verificación de los acuerdos entre las FARC–EP y el gobierno colombiano, denunció que, criminales con insignias de águilas, intimaron a los campesinos.
Así mismo, las autoridades del Pueblo Barí reiteraron dichas denuncias sobre la amenaza de paramilitares en inmediaciones de las comunidades Brubuncanina y Sahpadana ubicadas en la zona rural de Tibú.
Con tales antecedentes, es perfectamente comprensible que los campesinos de la zona hayan salido a la marcha de uno de los frentes de las FARC-EP en Tibú para exigir la protección de las Naciones Unidas (ONU) a fin de enfrentar la amenaza paramilitar.
De ahí que resulte peligroso en extremo –además de repudiable y sospechoso-, el hecho de que los militares se dediquen de nuevo a perseguir las esperanzas de paz del Catatumbo mientras que, ante los paramilitares, muestran una indiferencia muy parecida a la complicidad.
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