Agobiado ante los desahucios que perpetran en nombre de
la ley, un grupo cada vez más amplio de la judicatura española empieza a manifestar
escrúpulos y reconoce que el lanzamiento
de miles de familias a la calle, por orden perentoria de los mismos jueces,
favorece en forma indebida a los bancos prestamistas.
Los magistrados admiten el desatino de tener que
ordenar una absurda avalancha de desahucios, por impago de deudas hipotecarias,
mientras los bancos reciben cuantiosos recursos de salvamento del gobierno que sube impuestos, elimina puestos y recorta
presupuestos (inclusive en la misma administración de justicia), para
conseguir recursos que cubran el déficit fiscal y auxilien a los pobres
banqueros.
Pero, para pobres, los jueces metidos hasta la toga en
un galimatías que no se. Para la muestra un botón que se multiplica al
infinito: una hipoteca suscrita hace 6 años por 168 mil euros y que canceló sus
cuotas cumplidamente hasta hace 2 años, por la que ahora el banco pide una suma
similar al crédito inicial y cancelado ya en buena parte.
Sin
prescripción
La mayoría de los desahuciados no tiene empleo (sobra
repetir por culpa de quien), y engrosan al sector
más perjudicado por los recortes a la seguridad social. Quedan sin el pan y
sin el queso o, en otras palabras, con una mano extendida clamando un auxilio
que nunca va a llegar y la otra esperando el golpe que, de seguro, viene y más
fuerte.
Porque, con el desahucio
se inaugura un rosario de abusos incalificables: los bancos suelen adjudicarse el
inmueble «recuperado» por montos inferiores al de su avalúo, revenden con ganancias
acrecentadas, recogen subsidios gubernamentales. y se aseguran de seguir persiguiendo al deudor.
En efecto, según lo estipula la llamada «Ley de Enjuiciamiento Civil«, la deuda
no prescribe mientras el deudor esté vivo, a diferencia del asesinato, que
prescribe a los 20 años de cometido.
Chepitos al
servicio del delincuente
Donde es peor endeudarse con un banco que matar a
alguien, resulta fácil imaginar lo que busca el más poderoso financiero (y constructor), cuando pide reformar el
aparato judicial, a fin de que se convierta en su cobrador legal, en chepito de verdad, con todo y traje de
corbata y chupa de boda.
Mal les va, como acá, a las ingenuas víctimas de promesas
y engañifas publicitarias de los usureros que brindan facilidades de crédito para, luego, encuellar a los
deudores, ponerlos en lista negra, movilizar en su persecución a policías y
jueces, quitarles sus bienes y, aparte de todo, quedar marcados peor que si
fuesen viles homicidas.
Así, terminó teniendo la razón quien dijo que es peor delito fundar un banco que atracarlo,
inclusive si en el robo se lleva un par de humildes guardianes al otro mundo.
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