En
el parte de guerra que, en forma de editorial, publicaron los medios afiliados
a Andiarios contra la Ley orgánica de
comunicaciones del Ecuador, la
prensa colombiana se autodefine como «perro guardián de la democracia», que busca «mantener informada a la ciudadanía sobre lo que la afecta y es su
interés y develar lo que funcionarios y poderosos no tienen interés en que se
conozca«.
Aparte
de la mala cita de la frase de Pulitzer, hay serías dudas sobre si su afán es,
realmente, proteger a la ciudadanía de los abusos del poder o acompañar los
ladridos de Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado de USA,
en el sentido de que dicha ley podría «limitar
la habilidad de los medios independientes de ejercer sus funciones como parte
crítica de la democracia ecuatoriana«.
Funciones clandestinas
Fuertes
críticas son las han caído sobre el gobierno estadounidense por la intrusión
ilegal y sistemática en
comunicaciones telefónicas y por Internet que desde hace rato efectúan
los servicios de «inteligencia»,
contra nacionales y extranjeros, en asocio con poderosos conglomerados
de Internet con asiento en ese país; conforme lo reveló Edward Snowden.
Los
hechos son tan contundentes que difícilmente se pueden desmentir con las
explicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por
sus siglas en inglés) que reconoció -en una sesión informativa a puerta
cerrada- que miles de sus analistas no pidieron ninguna autorización judicial para intervenir clandestinamente
comunicaciones de sus ciudadanos.
Tales acciones, aparte de la hipocresía
congénita del régimen estadounidense, reflejan un marcado interés por
restringir la libertad de expresión en todo el mundo. Por los días en que se
conocieron las denuncias de Snowden y se publicó el editorial de Andiarios
contra la ley ecuatoriana, se cumplió el primer año de encierro, en la embajada
de Ecuador en Londres, de Julian Assange por publicar documentos de la política
exterior estadounidense en WikiLeaks.
Ecuador
garante de libertades
Desde su encierro en Londres, Assange sostuvo que el Departamento de Justicia de
Estados Unidos se está empleando a fondo para perseguir a Snowden cuya
residencia familiar fue allanada en Honolulu: «Estoy seguro de que él será objeto de persecución por EE.UU. durante
años«, por lo que le recomendó asilarse
en Latinoamérica pese a que en
la región, según el mismo Assange, el 99 por ciento de las comunicaciones por
Internet son intervenidas.
El apoyo del pueblo ecuatoriano a las
medidas del gobierno para frenar los abusos de la prensa se remite a la
Constitución de 2008 que prohíbe a los banqueros ser propietarios de medios y al
referendo de 2010 que prohibió a empresas periodísticas y financieras invertir
en otros sectores de la economía.
Caso contrario a otros países, incluido
el vecino Colombia, donde el estrecho contubernio entre medios, grupos
financieros, políticos corruptos y gobernantes venales impide el ejercicio
efectivo de los derechos ciudadanos y ampara la violencia y el engaño contra la
población civil.
Estrategias perversas
Los
partidarios de la persecución contra WikiLeaks,
no desaprovechan momento para envilecer la libertad de expresión. De una parte la
reducen a la «libertad de prensa»
para conseguir que la ciudadanía respalde medidas que, en nombre de la lucha «contra el terrorismo y por la seguridad
nacional«, restringen sus manifestaciones y sus derechos.
Esa
estrategia perversa se encuentra detrás de las campañas orientadas, a
deslegitimar a personas, organizaciones y gobiernos (como ocurre con los de Venezuela
y Ecuador, entre otros) que buscan fortalecer y garantizar el ejercicio de los
derechos ciudadanos.
Los
medios tradicionales actúan en estrecha coordinación con sectores militares,
servicios secretos, empresarios y gobernantes. En momentos en que el canciller
ecuatoriano exhortaba -una vez más- a las autoridades británicas para que
permitiesen la salida del editor jefe de WikiLeaks, señaló que
«Está verificado que el
principal gremio de periódicos ecuatorianos acudió a su par colombiano a
pedirle ayuda para «impedir la
aprobación de la ley«.
Qué es democracia, maestros
En
tales circunstancia habría que ver si para los canes el tan vapuleado término
«democracia» significa lo mismo que, por ejemplo, para quien dirigió el incendio
del Palacio de Justicia para defenderla, maestro.
Democracia
en la comunicación busca la Ley ecuatoriana cuando establece una redistribución
progresiva de frecuencias de radio y televisión de forma que el 34 por ciento
se entregue a medios comunitarios, 33 por ciento a los estatales y 33 por
ciento a los privados, a través de la asignación de licencias disponibles y la
reversión de las que fueron obtenidas ilegalmente o sin el lleno de los requisitos.
En
la actualidad, el sector privado controla más del 85 por ciento de las
frecuencias radiales y 71 por ciento de las televisivas, según datos de la
Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador.
Parte y voz de la oligarquía
Si
se atuvieran a esa regla básica del periodismo que manda la utilización precisa
del lenguaje, la prensa debería como reconocerse parte y voz cantante (o, mejor
como perros guardianes) de la oligarquía,
ese tipo de democracia defectuosa en que la ambición material de unos cuantos
ricachos gobierna por encima de jueces, legisladores y ciudadanía, según lo
definió nadie menos que Aristóteles,
Por
contraste, mientras los medios persisten en desconocer el derecho a la libre expresión, que asiste a todas las personas
conforme los términos del artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; el artículo 4º de la ley ecuatoriana de comunicaciones enumera
así los principios que deben regir las prácticas de los medios de comunicación:
- Respetar
la libertad de expresión, de comentario y de crítica - Rectificar,
a la brevedad posible, las informaciones y las opiniones que se hayan
demostrado como falsas. - Corregir
los errores que se constaten en la información difundida. - Respetar
el derecho a la presunción de inocencia. - Abstenerse
de difundir publirreportajes como si fuese material informativo. - Cuidar que
los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias. - Distinguir
de forma inequívoca entre noticias y opiniones. - Distinguir
claramente entre el material informativo, el material editorial y el material
comercial o publicitario. - Evitar
difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables con el
medio ambiente - Abstenerse
de alterar la información audiovisual grabada originariamente, con fines
ilegítimos y - Asumir la
responsabilidad de la información y opiniones que se difundan
Esa
regulación, junto a la acción coherente y consistente de las autoridades y
organizaciones civiles permitirá frenar los abusos de aquellos que, como señaló
el propio Pulitzer «propugnan peligrosas falacias y
falsedades, apelando a la ignorancia, al partidismo, a las pasiones, a los
prejuicios populares, a la pobreza, al odio a los ricos y al socialismo,
sembrando la semilla del descontento –que con el tiempo, si no se le pone
freno, conduce sin duda alguna a la anarquía y el derramamiento de sangre».
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P.S. Al momento de publicar
esta entrada se conoció la decisión del Procurador de presentar cargos con el
Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro por el manejo del aseo público en la
capital.
El Alcalde Petro ha
demostrado profundos conocimientos en la materia, capacidad para enfrentar los
intereses de la oligarquía representados en los operadores de aseo que
esquilman los recursos públicos de la mano de gacetilleros, burócratas y
politicastros corruptos.
Por eso, el Alcalde Petro
merece el respaldo enfático de los buenos ciudadanos, de las organizaciones
cívicas y de todos quienes queremos el bien de la ciudad.
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