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¿Qué tan perjudicial puede ser para Bogotá el que el comité de tecnologías y comunicaciones del candidato Peñalosa este conformado por ejecutivos y relacionistas de empresas fabricantes y operadoras del sector?
En principio –como diría un chistoso locutor-, ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario. Pero aquí no caben las cuchufletas del ex ministro Casitas: lo que está en riesgo, más que la independencia del aspirante a la Alcaldía, es el sesgo que tendrían, en caso de ser elegido, las políticas públicas de tecnología, acceso y desarrollo digital.
Pues, aparte de las acostumbradas donaciones en metálico, es dudoso que tales colaboradores puedan generar propuestas consistentes con el interés ciudadano y por encima de los intereses particulares que representan.
Igualmente es ingenuo suponer que sus aportes son conceptualmente relevantes: tan ingenuo como creer que lo que saben del transporte los dueños de buses (o de losa los comerciantes de concreto, o de trampas los pillos) los habilita para dictaminar sobre las políticas públicas de movilidad y vías, o para dirigir los organismos de control.
Sin embargo, a diario padecemos las consecuencias de no entender que, raras veces, la habilidad en los negocios otorga autoridad en asuntos técnicos, menos en políticas sectoriales y aún menos en tecnologías informacionales.
Pero, ya que es inevitable que participen allí, sería bueno saber qué piensan los directivos adeptos a Peñalosa en Telefónica-Telecom-Movistar respecto de un nuevo intento de venta de ETB. Y los vendedores de Microsoft, Oracle, Cisco, Huawei, etc., etc., sobre los modelos de digitalización del Distrito Capital, la dotación de telecentros, los equipos e infraestructura de redes recomendables para la ciudad.
Dos casos de la cuerda
A quienes juzguen estas preocupaciones como un exceso ético (lo que sería, bien visto, más una virtud que un defecto en los tiempos que vuelan), los invito a reflexionar sobre dos sucesos recientes que involucran, curiosamente, a personajes de la cuerda peñalosista: el litigio telefónicas locales versus compañías móviles y la denuncia de un parlamentario primíparo por supuesta inhabilidad contra una economista que participó en la elaboración del Plan Maestro de Movilidad.
El fallo de la demanda que hace 8 años impulsó ETB contra las operadoras de telefonía móvil por desequilibrios en las tarifas inter-operadores podría poner a Comcel y a Movistar a pagar indemnizaciones por más de 5 billones de pesos (aparte de multas por cerca de 2 mil millones).
No sabemos qué pensarán en su silencio mudo quienes fueron entonces acuciosos acusadores desde la empresa bogotana y ahora son voceros de la compañía española sancionada. Quizás el cambio de camiseta incluye cambio de razonamientos jurídicos y de convicciones éticas.
Comparto la inquietud del novel parlamentario Simoncito al pedir claridad sobre el comportamiento de una funcionaria que participó en la elaboración de un programa para asesorar, luego de su salida, a empresas que aspiran a obtener beneficios del mismo programa. Por si el ilustre padre (e hijo), de la Patria llegara a conocer las inquietudes aquí planteadas debería actuar en consecuencia.
O, acaso ¿No debe ser la integridad reciproca es decir, ir de lo privado a lo público lo mismo que de lo público a lo privado?
center.km@gmail.com

 

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