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Por: Piedad Patricia Restrepo Restrepo
Medellín Cómo Vamos
@medcomovamos
Quejas e inquietudes sobre seguridad ciudadana y movilidad llueven en los debates electorales. Y es que los robos, homicidios, trancones y problemas del transporte público son temas que tocan a diario la piel del ciudadano. Por ello, ambos son temas muy recurrentes en cada encuentro con candidatos municipales.
Pero centrémonos en el tema de seguridad. Es usual que el ciudadano promedio reclame al alcalde de turno gran parte de responsabilidad -si no toda- en torno a resultados en esta área. No obstante, entre seguridad y justicia hay una estrecha relación, lo que demuestra que es limitada la responsabilidad del mandatario local e incluso de la policía.
En la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos se consultó a los medellinenses por el aporte de la justicia a la reducción de la criminalidad y un importante porcentaje asocia la justicia con la labor de la policía, usando expresiones como “la policía suelta pronto a los delincuentes”, “la policía no está cuando se le requiere” o “se necesita mayor presencia de la policía en los barrios”.
De hecho, es muy probable que usted pensara exactamente lo mismo mientras leía estas frases.
De otro lado, las últimas Encuestas de Percepción Ciudadana de la Red de Ciudades Cómo Vamos evidencian que la ciudadanía es bastante escéptica frente a la probabilidad de que un delito sea efectivamente sancionado.
En 2014, el promedio en las ciudades de la Red fue de un 13% de personas que expresaron que la probabilidad es alta. Medellín fue la más optimista con un 21 %, mientras Bogotá fue la más pesimista con un 8 %.
Esta percepción termina afectando los niveles de denuncia: entre 2006 y 2014, no han llegado en promedio al 40% entre las ciudades que conforman la Red. Las principales causas para no denunciar están asociadas estrechamente con la desconfianza en las autoridades. Tanto por la alta impunidad a la hora de castigar los delitos, como por percepción de corrupción.
Adicionalmente, la baja denuncia impide conocer plenamente que está pasando con los niveles delincuenciales. Por ejemplo, en Medellín se ventila permanentemente el alto nivel de extorsión, especialmente al comercio y al transporte. Sin embargo, si nos basáramos en las cifras oficiales, sería uno de los delitos de menor impacto, con menos de 400 casos denunciados en 2014.
Así las cosas, se evidencia un peligroso círculo vicioso difícil de romper; los ciudadanos desconfían de las instituciones encargadas de proporcionar seguridad e impartir justicia, esto los lleva a no denunciar, y sin denuncia la mayoría de delitos quedan sin sanción y, sin ésta, crecen los incentivos para que la delincuencia siga operando sin mayores tropiezos.
La justicia no puede ser un cabo suelto en la discusión sobre la seguridad en las ciudades, entender mejor su papel en los resultados de seguridad ciudadana puede hacer que la ciudadanía no sólo exija al alcalde y a la policía, sino también a los investigadores judiciales, a los jueces y al sistema carcelario.
Pero la ciudadanía también tiene un deber y es el de denunciar ante las autoridades los delitos de los cuales son víctimas.
¿Cómo romper ese círculo vicioso de desconfianza institucional y baja denuncia? y ¿cómo involucrar más a la discusión sobre seguridad ciudadana el funcionamiento actual de la justicia? Son dos elementos centrales del debate de cara a las elecciones municipales.
