Cartagena, desarrollo sostenible y paz

Por: María Claudia Peñas Arana
Directora Cartagena Cómo Vamos
@CgenaComoVamos

En un momento u otro de la historia todas las ciudades del país han sufrido las consecuencias de la guerra, pero casi nunca (o nunca) han estado preparadas para afrontarlas. Los problemas y consecuencias del conflicto que llegaron a las ciudades han vuelto más complejos los retos históricos de las urbes. Cartagena no ha sido ajena a esta realidad.

El desplazamiento forzado de poblaciones que vivieron en zonas de conflicto en departamentos de la costa Caribe hacia Cartagena, trajo consigo la creación de barrios como Nelson Mandela, que aún mantiene sectores considerados como subnormales. En este tipo de asentamientos se perpetúa la pobreza y no hay cobertura de servicios públicos básicos como acueducto y alcantarillado, afectándose la calidad de vida de esta comunidad.

La oferta de vivienda de interés social de la ciudad presenta un reto enorme al tener que complementar megaproyectos de vivienda, con oferta social. Ya no es suficiente cubrir el déficit habitacional  de las más de 60 mil unidades que requiere Cartagena, sino que se deben afrontar los conflictos de convivencia y seguridad derivados en ciertos casos, por el cambio de estilos de vida en viviendas rurales – propia de la mayoría de la población desplazada –  a apartamentos.

Vemos también que, a la lucha contra el micro tráfico y el sicariato, que sostienen parte de la estructura económica de pandillas y bacrim en la ciudad, hay que sumarle la riña común y violencia interpersonal. Esta última ocasionada por problemas de convivencia ciudadana que en 2015 llevaron la tasa de homicidios en Cartagena a 27 por cada 100 mil habitantes.

En el mercado laboral también se ven retos complejos, que si bien vienen de décadas atrás, afectan particularmente a la población pobre de la que hace parte una buena porción de los desplazados. Actualmente más del 55% de los cartageneros sobreviven con un empleo informal, que sumado a serios problemas de calidad educativa, pocos emprendimientos y falta de encadenamientos productivos, generan trabas para el desarrollo económico sostenible de la ciudad.

Así las cosas, la solución a la urbanización desordenada, la inseguridad, pobreza, empleo informal y asuntos de salud pública, entre otros, presentan nuevos desafíos para las autoridades locales. Los gobiernos deben repensar las soluciones a estos problemas de manera integral y multidisciplinaria, considerando las características de la población rural y urbana, su edad, género, etnia, nivel socio económico y a los grupos poblacionales vulnerables.

Precisamente para hacerle frente a esta necesidad de un abordaje holístico de los asuntos que realmente le importan a las personas, este año entraron en vigencia los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Las Naciones Unidas los definen como un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

Esto coincide con la firma del Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, que tendrá lugar en Cartagena en septiembre de este año. La concurrencia de estos dos documentos debería ser un llamado a las ciudades a estar preparadas para lo que implique la aprobación o desaprobación del plebiscito.

Son los gobiernos locales los llamados a hacer esfuerzos desde lo ético y técnico para convertir efectivamente a las ciudades en aliadas del campo y de la ruralidad. Entre otras acciones, promoviendo un consumo responsable, priorizando los alimentos e insumos cultivados en las zonas campesinas cercanas a la ciudad, así como tomando decisiones responsables de cara el resto del departamento.

Sea cual sea el resultado del plebiscito, además de ser sede y testigo de la firma del acuerdo, Cartagena debería aprovechar estas valiosas coincidencias para comprometerse seriamente en saldar deudas históricas con sus poblaciones vulnerables, garantizándoles una calidad de vida digna.