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Pedro Castillo fue elegido en medio de una marcada polarización en el Perú y con niveles de fragmentación partidista inéditos. Lo anterior es testimonio del desmoronamiento de los partidos políticos y una crisis de legitimidad que recuerda los momentos más críticos del 2000, cuando la crisis terminó en la salida de Alberto Fujimori tras una larga década de autoritarismo. Ahora bien, la coyuntura actual pone en entredicho la reconstrucción democrática postfujimori y evidencia los riesgos del desmonte paulatino de partidos políticos e ideologías.
Castillo fue la gran sorpresa de la primera vuelta hace un año, alcanzando el primer lugar, aunque con apenas 18% de los votos, seguidos por Keiko Fujimori con un 13%. En segunda vuelta, con un Perú convencido de la necesidad de no permitir el retorno de fujimorismo y con un Castillo moderado, pudo imponerse, claro está, sin generar amplios consensos. Como había ocurrido en las últimas elecciones con Alan García, Ollanta Humala y Pedro Palo Kuczynski se impuso el veto a Fujimori. Ya en el poder y con un margen de maniobra estrecho, Castillo matizó su discurso sobre la inversión extranjera, pues como candidato había sugerido un agresivo nacionalismo económico que hacía temer una salida masiva de capitales, y en temas de derechos humanos terminó cediendo por acercamientos con el progresismo. Se alejó de posturas controvertidas como la penalización del aborto o el desconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo y sin duda, tal vez la más criticada por organizaciones de derechos humanos, la expulsión de migrantes en situación irregular. Esas modificaciones le valieron el reconocimiento de sectores de centro.
Sin embargo, no ha podido gobernar. La misma noche en que tomaba juramento su gabinete, este ni siquiera se había completado y luego de horas de retrasos -incluso se especuló acerca de si Castillo tenía certeza de dicha composición- se terminó completando el proceso pero con la cartera de economía y justicia en ausencia. Un antecedente sintomático sobre lo corrido de su administración. Dos meses después, se acusó a su ministro de trabajo, Iber Maraví, por su participación en atentados cometidos por la guerrilla maoísta Sendero Luminoso a comienzos de los 80. Las acusaciones se saldaron con la salida del ministro, y el tema revivió los rumores sobre la cercanía de Castillo con sectores afines a Sendero, en particular con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Sindicales (Movadef) considerado su brazo político. Luego vino la amenaza de nacionalizar el gas si no se distribuían las ganancias al Estado, lo que provocó toda suerte de especulaciones sobre decisiones futuras en las reglas de juego relativas a la inversión extranjera.
En medio año, han pasado cuatro primeros ministros, lo que hace pensar en la imposibilidad de hallar consensos mínimos para gobernar. La gota que habría rebosado la copa fue la insinuación del presidente de someter a consulta popular un proyecto para devolverle el mar a Bolivia. Aunque el canciller Óscar Maúrtua ha aclarado que es imposible e inviable, el mandatario contempló la posibilidad. En 1992, Alberto Fujimori firmó con Jaime Paz Zamora un acuerdo que le permitía el uso de una pequeña franja costera a Bolivia para propósitos exclusivamente turísticos y comerciales, pero sin ejercicio de la soberanía. Evo Morales y Alan García ampliaron la zona y fortalecieron la cooperación para al establecimiento de una zona franca, pero jamás se contempló una cesión.
La propuesta que no es clara, ha servido para que el Congreso peruano, liderado por Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú y Alianza para El Progreso haya conseguido abrir la puerta para juzgar y destituir al presidente, una figura que se utilizó para sacar a Alberto Fujimori y más recientemente a PPK, aunque este renunciaría antes de tal medida. En diciembre, se había promovido un juicio político contra Castillo por sus supuestos vínculos con organizaciones terroristas y la injerencia indebida de uno de sus secretarios en los ascensos militares. No obstante, fue hundida en el propio Congreso. Esta vez, la oposición ha conseguido 76 votos y se ha abierto la posibilidad de que Castillo sea juzgado y destituido por tráfico de influencias, la adjudicación de licitaciones de forma irregular, el nombramiento de asesores “bajo la sombra” y, por supuesto, la propuesta relativa a la concesión de territorio a Bolivia.
Da darse la destitución, Perú completaría un ciclo de marcada inestabilidad e igualaría el dramático récord del Ecuador de finales de los noventa y comienzos de siglo con un promedio de un mandatario por año (en 9 años 9 presidentes llegó a tener). Desde 2017 han desfilado PPK, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y se eventual reemplazo Dina Boularte. Es decir, 6 presidente en 6 años. Se trata del fracaso comprobado de la política representativa que, alejada de los partidos, ha recaído en figuras que no pueden aglutinar intereses de forma significativa. Lo peor es que, dicha fragmentación e inestabilidad conduce al debilitamiento de la democracia y puede revivir la nostalgia por la estabilidad alcanzada en el autoritarismo.
twitter: @mauricio181212
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