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Se vienen elecciones nuevamente y el debate político nacional tomará un tinte mucho más regional donde las necesidades locales más urgentes captarán la atención de medios y electores. Ojalá en esta baraja circunstancial e inmediata se incluya al acuerdo de paz y su implementación, como es bien sabido los gobiernos municipales y departamentales cumplirán un papel fundamental en su consolidación en los territorios.
El fin del conflicto requiere de alcaldes y gobernadores comprometidos con la causa que faciliten la reintegración de los actores armados a la sociedad y que garanticen la protección de la población a la hora de ejercer liderazgos políticos y/o sociales. Por ello, es indispensable que la opinión pública le exija a candidatos, movimientos y partidos propuestas que contemplen los retos que la situación demanda, dejarlos de lado imposibilitaría la culminación de la guerra en Colombia, probablemente el proyecto que, a pesar de divisiones inevitables, ha generado mayor cohesión en décadas. El compromiso con la historia es ineludible.
Hace poco más de dos años, tras una ardua negociación que comprendió un difícil proceso político, se firmó en el Teatro Colón, en Bogotá, el acuerdo final para la terminación del conflicto con la guerrilla más antigua y numerosa del mundo, las Farc. Los gobiernos anteriores al de Juan Manuel Santos habían realizado toda clase de intentos fallidos; unos atendidos y otros no tanto. Finalmente, tras casi seis años de acercamientos y negociaciones —compuestos por una fase exploratoria reservada que inició en 2010, seguida por la instalación de la mesa de diálogo en el 2012 hasta la firma del acuerdo en noviembre del 2016— se vislumbró el inicio del final de un oscuro episodio de violencia y desdén que parecía interminable. Se vendría lo más difícil, la implementación de lo pactado y su cumplimiento.
Bajo un manto de suspicacia y pesimismo, algo usual ante acontecimientos de tal envergadura, la ONU verificó la entrega de la totalidad de las armas y la concentración de los frentes guerrilleros; el gobierno nacional impulsó la edificación de la institucionalidad requerida para la transición y se garantizó participación política a través de la creación de condiciones que así lo permitieran. Se dio, por fin, la inclusión que los combatientes tanto reclamaban al sistema.
Lastimosamente, mientras se ha adelantado tan titánica labor, nos hemos visto ante hechos que parecen superar el anhelo de reconciliación; la excesiva ineficiencia e insuficiencia del estado ha generado grandes retrasos, su incapacidad para llegar a territorios olvidados ha favorecido al surgimiento de nuevos focos de violencia, están condenando a la vulnerabilidad a comunidades enteras. Adicionalmente, hay disidencias que insisten en la ilegalidad y voceros guerrilleros impertinentes que con su intransigencia y arrogancia minan la credibilidad sobre lo pactado y, por tanto, la unidad que lo rodea. Se están poniendo en riesgo los avances realizados y nos exponemos a distanciarnos de un destino que parecía estar fijado.
El panorama es un poco desolador, pero no tanto como para ser desesperanzador, a pesar de la delgada línea que separa al éxito del fracaso nos quedan opciones para asegurar la consecución del primero de ellos. Es el momento para que la ciudadanía haga su aparición y proteja sus intereses, el derecho a un país en paz es de todos, debe superar cualquier diferencia ideológica, su consolidación determinará nuestro futuro y el de las generaciones venideras, debemos cumplir con nuestro papel y pasar de la pasividad al activismo permanente. Nuestra voz y votos serán las herramientas más eficientes para ahondar en la senda que se ha venido definiendo y lograr las transformaciones que el país tanto requiere y ha esperado.
La inmediatez que caracterizará a las discusiones políticas en tiempos de proselitismo no puede llevar al olvido al más noble de los fines, tanta incertidumbre requiere de la guía de una sociedad ávida de cambios y decidida a tener un futuro en paz.
@GabrielCasadieg
Cuando las cosas se imponen a las patadas… No se estuvo de acuerdo con ese proceso, se votó NO y, contrario a lo que quieren hacer creer, con una gran mayoría (El cabecilla de ese proceso usó y abusó de todos los medios -estatales y privados- para “vender el SÍ y ni así). No se extrañen que eso no se concrete, no ha contado con el apoyo popular nunca. Impunidad para los cabecillas de grupos terroristas que han violado, secuestrado, torturado, asesinado, etc., hmmmmm eso genera más repudio que apoyo, ¿O no?
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como siempre pasa en este país
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