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Teólogo Fabián Salazar Guerrero, Fundación para el diálogo y la cooperación interreligiosa INTERFE.
En estos días el tema de las religiones y su participación política, se coloca de nuevo en la reflexión pública por la cercanía de las elecciones en Colombia; sin embargo surge la sospecha si se trata de un verdadero interés o es otra de las estrategias electorales. En los siguientes párrafos dejo a su consideración algunas reflexiones.
Las Iglesias y Religiones hacen presencia en todos los sectores de la vida cotidiana con enorme impacto social, en la educación, en el sistema de atención en salud, cuidado de la familia, atención a las personas más vulnerables, protección de la niñez y el adulto mayor, dignificación de la mujer, formación en competencias labores, acompañamiento de víctimas, labores de prevención y recuperación de personas en situaciones de adicción. La lista sería interminable. Y acaso estas instituciones religiosas, ¿No son importantes protagonistas del desarrollo?¿No son aliados estratégicos para la atención de situaciones de desastre? ¿No son los agentes de transformación de las comunidades? ¿no serán los facilitadores que ayuden en el postconflicto y reconciliación nacional?
Estas instituciones religiosas se empeñan en la dignificación humana en coherencia con sus valores y creencias confesionales y lo hacen no únicamente como hombres y mujeres religiosos sino como ciudadanos. Tienen deberes y estarán dispuestos a cumplirlos pero también se sienten obligados a reclamar sus derechos, que salvaguarden la libertad de culto, de asociación y la protección a sus instituciones en coherencia con los principios que rigen la carta constitucional.
Parece ser que junto a la generalizada desconocimiento de la historia y dinámicas internas de las organizaciones religiosas, aparecen una serie de prejuicios sobre las condiciones económicas, ideológicas y de su real función social. Preocupa sobremanera que las decisiones en el campo de lo público sobre el tema de las religiones, estén basadas en estudios incompletos, desactualizados y con mínima (por no decir con nula) participación de las comunidades involucradas (aunque se deben destacar algunos intentos locales). En realidad no existe una política pública desarrollada, sino una normatividad desfasada de la realidad, de las posibilidades, de los recursos, de su incidencia, de su misión y que puede llegar a atentar contra la integralidad de las comunidades.
Por otra parte, parece que las Iglesias y Religiones no tienen un interlocutor de alto nivel en el Estado. Se han conformado mesas con diversos estamentos pero sin la permanencia o la institucionalización de una dirección general o de un viceministerio que establezca una ordenación efectiva de la legislación de libertad religiosa, conciencia y culto, las normativas quedan sin poderse ejecutar en la práctica cotidiana de las comunidades de fe. Surgen de esta situación las siguientes preguntas: ¿Pasa esto con otros sectores a los cuales se les invierte una cantidad importante de recursos provenientes de impuestos?, ¿cómo se puede adelantar una conversación seria, si no se toman en cuenta como un par, como un actor válido, como un agente de transformación? ¿Cómo puede aportar sino tiene voz real en las decisiones? ¿Cómo puede asegurar un futuro mejor si las instituciones religiosas están sometidas a los caprichos e improvisaciones del gobernante o de las elecciones de turno? ¿Existe la voluntad política para constituir un estamento representativo a nivel de una dirección de asuntos religiosos?
Pero estas situaciones no son gratis; esto también lo han permitido las instituciones religiosas, al no estar atentas de lo que está pasando, al estar desinformadas de las verdaderas consecuencias de las decisiones públicas, al estar divididas en medio de intereses personales, al no rodear a sus voceros, al dejarse distraer y convencer de promesas que se aplazan por quienes las intentan manipular. Es el momento de exigir, de proponer como ciudadanos acciones coordinadas para la creación de instituciones permanentes de diálogo que coordinen proyectos de desarrollo conjunto entre las confesiones y el Estado. Este proceso pide a las iglesias y a las religiones estar atentas de no ser utilizadas bajo intereses de corrupción, burocracia o el oportunismo electoral.
Las instituciones religiosas no deben temer el exponer su voz, no deben temer levantarse para exigir transparencia, inteligencia y verdad. Tienen una autoridad social para pedir que no se siga jugando con los recursos públicos, que no se siga desperdiciando tiempo y talento en planes improvisados. Deben cuidarse de permitir las agendas ocultas, de aquellos que buscan su propio beneficio sin pensar en el país, sin pensar en su gente, sin pensar en la convivencia social.
La historia juzgará a las Iglesias y Religiones si no se aprovecha este momento para unir esfuerzos, tanto en oración, como en acción. Es hora de dejar las diferencias y suspicacias para convertirse en un movimiento de transformación nacional que no busque únicamente defender sus derechos sino fortalecer sus estructuras para apropiarse del cuidado, promoción y veeduría de los derechos de todas y todos los ciudadanos.
Todavía estamos a tiempo para pensar muy bien nuestro voto, y no dejarnos llevar por sentimentalismos, por emotividades del discurso, por esperanzas irrealizables y sobre todo por metas inmediatas que comprometen nuestra conciencia.
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