La tragicomedia del salario mínimo y la reforma laboral

«¡Incremento del 13% !», dicen los sindicatos respecto a lo que debería subir el salario mínimo para el próximo año, mientras que el empresariado y el Ministro de Hacienda aclaman de manera reiterada y férrea que el 2 % es más que suficiente debido a la base del aumento de la inflación. Usualmente, la discusión del salario mínimo cada diciembre me recuerda a cuando era pequeña y tenía la inocencia de pensar que debería incrementarse mucho más de lo usual para que la gente pudiera acceder a más bienes, mejorar su calidad de vida y, por supuesto, ser más felices. Por supuesto que esta ilusión se fue con el pasar de los años, con las clases de introducción a la economía en el colegio y viendo a mi papá y la angustia que le implica tener una empresa en un país con tantas presiones fiscales. 

Qué más quisiera cualquier gobierno con humos ganar unos puntos de popularidad aquí y allá y utilizar el Banco de la República como chequera, subir el salario mínimo a cinco millones de pesos y que todo el mundo pueda comprar lo que quiera, mejor dicho, solucionaríamos la pobreza de un plumazo. Si bien muchos siguen con esa ilusión -especialmente los sindicatos- y aunque parten de la buena fe, ignoran de manera atrevida la evidencia y además, sentando los pies sobre la realidad, ignoran que el deber ser del bienestar general dista mucho de esa visión. Si lo importante es realmente la gente, la cruda realidad es que el salario mínimo no debería subir en términos reales -es decir descontando la inflación- que eso se traduciría en un incremento ajustado a la inflación. 

Este escrito hubiera podido salir publicado cualquier otro año y posiblemente el contenido y la argumentación no sería muy distinta, pero ya apareció la vacuna y seguramente en un año el coronavirus no sea una amenaza primordial a la salud pública. Sin embargo, seguiremos sufriendo los estragos de la crisis económica manifestada a través del desempleo, la informalidad y la disminución de ingresos.

La realidad es que en este momento la mejor forma de afrontar la crisis económica, más allá de otorgar subsidios a las empresas, probar suerte y seguir ampliando la renta básica, lo imperativo es mantener el empleo de aquellos que lograron preservarlo con sudor y lágrimas a lo largo de la pandemia y también buscar generar nuevos empleos. Esto no necesariamente se hace a través de la fijación del salario mínimo, sino de un pez mucho más gordo que el gobierno deberá pescar, una reforma laboral.

Curiosamente, las decisiones que a simple vista parecen más generosas con la clase trabajadora, como el incremento desaforado del salario mínimo o la protección a la industria nacional, son las que más la afectan en el día a día. En este caso, luego de haber perdido cinco millones de empleos en el segundo trimestre del año y con un desempleo que está lejos de volver a ser de un solo dígito como en el 2018, un incremento del salario mínimo implicaría la pérdida de muchos empleos gracias a las arandelas parafiscales y de seguridad social que en últimas representan al empleador casi un 50 % más.

Si realmente queremos mantener y generar más empleos será necesario que los sindicatos se traguen el sapo de un incremento ajustado a la inflación, y no solo eso; será necesario hablar de una reforma laboral que se acomode a una nueva realidad y modernice por fin el esquema de contratación. Esto implicará incomodar al buenismo cargado de buena fe pero de poca ciencia. La realidad es que la economía, el empresariado y la mano de obra colombiana necesita formas de contratación flexibles que permitan tener más de un empleo y quizás una remuneración por horas. 

A final de cuentas seguramente el salario mínimo no se concerte, sino que el Gobierno, de acuerdo a la ley, lo fije por decreto y lo esperable es que lo fije ajustado a la inflación. Sin embargo, será responsabilidad de este Gobierno y no necesariamente del siguiente buscar nuevas medidas que permitan la generación de empleo y que le den tanto al empleador como al empleado una mejor calidad de vida y sobretodo, al primero nuevos mecanismos para abrir nuevas vacantes. Muchos dirán que los gremios que curiosamente los asocian con los representantes de empresas tradicionales de grandes capitales buscan pagar menos, pero la realidad colombiana es que vivimos en un país donde más del 90 % de las empresas son PYMES y éstas representan más de la mitad de los empleos. Todo dependerá de la buena fe del Gobierno de presentar un proyecto de reforma aceptable y, finalmente, de la voluntad y responsabilidad política que tenga el Congreso.