Este viernes, el Presidente Iván Duque firmó finalmente el Presupuesto General de la Nación (PGN). Muchos cambios importantes se dieron en este Presupuesto que son de notar. Sin embargo, no deja de aterrar lo insignificante que es ésta noticia en la discusión de a pie. No es exagerado afirmar que a menos del 10% de la población de Colombia le interesa o tiene conocimiento acerca de qué ocurre con el manejo de nuestros impuestos a pesar de lo democrático que implica el procedimiento de aprobación del Presupuesto.
Para el año 2022, el presupuesto es de $350,4 billones de pesos, un 5,3% de incremento respecto al año anterior. De esta cifra, $69,6 billones de pesos -solo el 19,5%- serán destinados a inversión, mientras que 72,8 billones (20,8%) y 209,4 billones (59,8%) serán destinados al pago de la deuda y funcionamiento respectivamente. ¿En qué momento los gastos de funcionamiento superaron el 50% del presupuesto público? ¿Y la deuda? Es un absurdo que el 50% del erario público se invierta en gastos de funcionamiento en un escenario de reactivación económica, ¿realmente era necesario endeudarnos tanto?
Al día de hoy es complicado imaginar un instrumento económico más democrático que el Presupuesto General de la Nación, pues éste supone el Plan Financiero (Presupuesto de Rentas) y la Ley de Apropiaciones (Presupuesto de gasto) y es aprobado por el segundo constituyente, el Congreso de la República. Sin embargo, el primer constituyente, los ciudadanos, no tienen la forma de hacerle un verdadero control a hechos tan absurdos como que el 50% esté dedicado a funcionamiento y lo peor, tampoco hay un solo congresista que se abandere de la eficiencia del gasto público.
La eficiencia del gasto debería ser un imperativo en el debate público e incluso, una exigencia recalcitrante de la ciudadanía en momentos álgidos en donde se debaten reformas tributarias y los presupuestos de renta y de gasto. No es posible que el Departamento Nacional de Planeación, con la cantidad de CONPES que emite, o el DANE con la cantidad de indicadores que tiene, no construyan un indicador que mida la eficiencia del gasto público en Colombia y así le haga una suerte de control al PGN y a su máximo ejecutor, el Gobierno Nacional -con la realidad de Colombia, esto parece un absurdo teniendo en cuenta que ambos son departamentos administrativos y hace parte del Gobierno, otro error más de nuestra arquitectura institucional-.
De cara a las elecciones del próximo año, éste deberá ser un imperativo de buenos candidatos tanto a la Cámara de Representantes como al Senado de la República. Más allá de la seriedad que supone hablar de la eficiencia del gasto, es bastante rentable en materia política hablar de eficiencia del gasto en un país donde la corrupción es la principal de las preocupaciones, según las encuestas, y además, el 50% del gasto está dedicado a pagarle la nómina a los funcionarios públicos. Imposible que ningún candidato se abandere de éste tema en las regiones y a nivel nacional.
Finalmente, por supuesto que no se puede exonerar al Gobierno de Duque de esta gran irresponsabilidad. La Reforma Tributaria supone crear más de 1.000 empleos en el Estado con el fin de contrarrestar el desempleo. Varias preguntas debieron hacer las congresistas llamando al Gobierno Nacional al tablero ¿Estos empleos generan valor agregado? ¿Realmente vale la pena agrandar la burocracia para luchar contra el desempleo? Otra razón más para exigir la eficiencia del gasto como tema primordial en las elecciones del 2022.
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