Hace algunas semanas, luego de más de un año de espera y contra todo pronóstico, la Aeronáutica Civil dio el visto bueno para la integración de Avianca y Viva Air. Con esta fusión, Avianca consolidaría su monopolio, aumentando su cuota de participación del 45,6 % al 63,3 %. Si bien la regulación colombiana ha reconocido a través de los años este tipo de casos como un resultado legítimo de la sana competencia, para el caso de Avianca se debe avanzar en la declaración de posición dominante por parte de las autoridades a cargo de la política de competencia.
En primer lugar, es necesario entender el concepto de monopolio en un entorno práctico alejado de la rigidez conceptual. Normalmente, se define de manera estricta que el monopolio es un mercado en donde existe un único oferente de un bien. En términos prácticos, un monopolio es un mercado en el que un agente está en condiciones de restringir cantidades ofrecidas para subir precios. Evidentemente, Avianca en las condiciones que se encuentra, con el 70 % de los slots en El Dorado y más de veinte rutas a nivel nacional en donde es el único oferente tras su fusión con Viva, es un monopolio.
La declaración de posición dominante en Colombia no es nueva, y es el reconocimiento propio de que en efecto existe en un mercado, un oferente en condiciones de manipular las cantidades ofrecidas para generar cambios en los precios. Quizás el caso más emblemático en esta materia sea el caso de Claro, que en 2021, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) declaró su posición de dominio en el mercado de servicios móviles.
Usualmente en este tipo de debates, los abogados y economistas de las compañías a las que se les responsabiliza de tener posición de dominio, diseñan como estrategia de defensa, la ampliación del mercado relevante sobre el cuál se está discutiendo, con el fin de disminuir su poder de mercado y así argumentar que no están en condiciones de manipular precios y cantidades.
Para el caso de Avianca, esto sería un absurdo ya que ostentan más de la mitad de los slots aeroportuarios en el aeropuerto más importante del país, El Dorado. Además son monopolio en casi un tercio de las rutas nacionales en Colombia. Dada la poca oferta de aerolíneas que hay y la pequeña diferencia entre los precios, el consumidor promedio no diferencia entre aerolíneas low cost y regular. Por tanto, la ampliación del mercado relevante no parece ser un argumento lo suficientemente convincente para la no declaración de posición dominante a Avianca.
La posición dominante es importante en materia regulatoria y de buenas prácticas de política de competencia precisamente porque en la regulación colombiana, en el Decreto 2153 de 1992, el abuso de esta posición constituye una de las prácticas restrictivas a la competencia. De esta manera, con el reconocimiento del dominio de Avianca, se podría tomar como una decisión de política de orden preventivo para la posible manipulación de precios en el mercado aéreo.
El debate del mercado aéreo no ha terminado y deberá surtir la oportunidad de discutir sobre la innegable posición de dominio de Avianca. La autoridad de competencia en conjunto con la aeronáutica civil, en su rol de velar por los beneficios y el bienestar del consumidor, deberá dar los pasos necesarios para regular el monopolio consolidado que tiene la aerolínea. Esto a raíz de las exigencias que hoy por hoy surgen en gremios como ANATO y en círculos de discusión jurídica y económica en materia de competencia.
Sin embargo, a pesar de que se declarase el dominio, es preocupante lo concentrado que queda el mercado aéreo en Colombia, si se observa el índice de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI), el resultado es de más de 3000 puntos -En EE.UU, se considera un mercado altamente concentrado y sujeto de regulación si su HHI, es superior a 2500 -. Esto será un debate que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la aeronáutica civil y el Gobierno Nacional, deberán dar a favor de los consumidores, del mercado de competencia y no, del papelón del capitalismo de amigos que ha transcurrido con las ultimas decisiones de política pública.
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