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Hace menos de diez días, el Presidente Petro anunció la posibilidad de que Ecopetrol se vuelva socio de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA). Más allá de la contradicción ambiental que supone una alianza para la exploración y explotación de hidrocarburos en el contexto del Gobierno actual, negociar con PDVSA para una compañía que es la joya de la corona del Estado colombiano como lo es Ecopetrol representa un riesgo reputacional y de valor. 

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) emite año a año una lista de empresas que se encuentran asociadas al lavado de activos. En el momento en que una compañía es incluida en esta lista, la Lista Clinton, su valor cae dramáticamente y por ende se convierte en una firma marginada del mercado. Esto por puro efecto derrame y de reputación, recae también sobre las empresas que hagan negocios con esta compañía.  

Sin embargo, la Lista Clinton no es la única sanción que ha puesto Estados Unidos a PDVSA y que representa un riesgo para la empresa y sus aliados. Entre más de diez mil millones de dólares asociados a pérdidas de la empresa por sanciones se encuentra la prohibición de acceso a mercado de deuda y accionario en 2017, el bloqueo de propiedades e intereses propiedad de PDVSA bajo jurisdicción estadounidense en 2019 y la prohibición esporádica de importar petróleo extraído por esta compañía. 

El Gobierno y varios representantes en el Congreso han afirmado que el hecho de que Estados Unidos haya concedido licencias temporales a cuatro empresas petroleras que hoy tienen infraestructura y maquinaria retenida en Venezuela desde hace más de seis años demuestra que una eventual operación de Ecopetrol en alianza con PDVSA no representaría ningún riesgo. Sin embargo, estas licencias permiten operaciones limitadas pues tienen una vigencia de seis meses y están sujetas a la comercialización secundaria y bajo ningún motivo indican que PDVSA no se encuentra en la Lista Clinton.  

Incluso bajo el supuesto de que la alianza Ecopetrol PDVSA no tenga efectos reputacionales sobre la compañía –absolutamente irreal-, al momento no hay compañía en EE.UU que tenga el permiso de importar hidrocarburos de PDVSA, esto por supuesto incluye a las empresas que tengan relaciones con la compañía venezolana. Lo anterior, representaría un bloqueo para el 27% de las exportaciones de Ecopetrol y una pérdida de alrededor 200 mil millones de dólares en divisas para el país, ya que Estados Unidos es su segundo mercado destino luego de Panamá. Además, en 2022, Ecopetrol fue la principal compañía exportadora de Colombia. 

Finalmente, si bien los mercados no reaccionaron a los anuncios del Presidente considerando la poca credibilidad que tiene, en caso de que se hiciese efectiva la alianza con PDVSA, la acción de Ecopetrol caería de manera pronunciada y sin duda con ello vendrían pérdidas de miles de millones.  

No es clara la lógica del Gobierno, por supuesto que no hay que ser un experto en compliance o riesgos sancionatorios para entender que hacer negocios con compañías asociadas al narcotráfico y al lavado de activos es absolutamente peligroso. No se entiende con que cabeza piensa Petro y su equipo este tipo de declaraciones y negocios. Aliándonos con una compañía como PDVSA, que en términos reputacionales es el equivalente al diablo, Ecopetrol y Colombia solo pierden. 

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