Pocos usuarios son conscientes de la cantidad de sus datos que tienen en la red. Para aquellos que estén interesados en realizar un ejercicio didáctico, pregunten a la persona más cercana si sabe exactamente cuántos permisos entregó a la última aplicación de su celular (¿le dio acceso a su ubicación?, ¿contactos?, ¿cuentas de correo?). Pero, como suele ocurrir con toda revolución tecnológica, a medida que más personas exigen respuestas de dónde, para qué y cómo se utilizan los datos que tienen, más empresas y gobiernos están buscando entregar la tranquilidad necesaria a estos mismos ciudadanos.
La protección de datos es una serie de políticas que buscan entregar esa confianza o al menos garantizar que cada vez que usted da esa información a una compañía, ésta la maneje con responsabilidad. Esto puede incluir a quiénes se les puede transferir, cómo se puede utilizar, si es posible pedirle a una compañía que la elimine y qué cosas puede o no puede solicitar un servicio con referencia a estos datos.
Pero como Internet y lo digital son un vasto territorio en el que cada vez que descubrimos una isla se aparece un continente, por ahora la manera en la que este tipo de situaciones se regulan son más bien difusas. Así, la pregunta de las compañías, usuarios y países es: ¿Y ahora quién podrá protegernos?
La Unión Europea es uno de los territorios que primero ha buscado crear una normatividad y hace tres años ideó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, por sus siglas), que tiene como objetivo establecer un sistema de gestión y protección de los datos personales de todos los países de este territorio. De hecho, allí es donde más decisiones interesantes sobre el tema se están tomando. Por ejemplo, la justicia europea hace poco le pidió a Google que respetara el ‘Derecho al olvido’ (la posibilidad de un ciudadano de pedir que se borre toda la información que se tenga de él) de sus ciudadanos. Pero, en una resolución salomónica, solo le pidió que eliminara la información de sus buscadores en la Unión Europea, entendiendo que en las versiones de su motor de búsqueda de otros países no podía (ni debía) borrar los enlaces.
Estos eventos iniciaron toda una revolución en el resto de mundo, con una carrera en otros países por replicar y modificar estas iniciativas. En Latinoamérica ya se están haciendo los primeros intentos por integrar este tipo de legislaciones en países como Argentina y Ecuador, y en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio ya realizó contactos con entidades europeas para poder iniciar avances similares en nuestro país.
Así, en estos tiempos de desconfianza es trabajo de las empresas que tienen contacto con sus clientes y manejan bases de datos con esta información definir muy bien estas políticas, porque en los próximos años los ciudadanos, cada vez serán más cautelosos con los datos que entregan, preguntarán de manera directa cómo se están utilizando. Parte de esta nueva revolución de la protección de datos no solo está en la entrega de garantías, sino de respuestas. Por supuesto, mientras estos nuevos límites se establecen es obligatorio seguir las reglamentaciones que ya existen para proteger estos datos cuando se contacta a los usuarios, sea vía telefónica, virtual o con aplicaciones.
Los usuarios también pueden tomar medidas preventivas para proteger su información personal. Un consejo sencillo, pero necesario, es verificar qué permisos entregamos a las aplicaciones de nuestro celular, ya que no todas son necesarias para que funcionen. También puede hacer una limpieza de las funciones o aplicaciones en sus redes sociales, así como de las redes sociales o servicios que tienen vinculados con sus cuentas de correo personales y que no está utilizando. Y, por supuesto, hay que leer la letra pequeña de todos esos contratos que firmamos cada vez que decidimos probar un nuevo servicio en la web.
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