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Hace una semana, se dedicaban reflexiones a un nuevo aniversario de la Primavera Árabe en Egipto, y se llegaba a la conclusión de que las democratizaciones son procesos prologados y que, además, se suelen presentar contrarrevoluciones que parecen abortar la democracia, pero que en realidad son pruebas. La historia está plagada de casos, y el golpe militar en Birmania se suma a la extensa lista. El arresto sorpresivo y preocupante de la líder Aung San Suu Kyi confirma que la transición iniciada una década atrás no ha dejado de estar en manos castrenses. Los militares siguen siendo el principal actor del juego político y la reacomodación de fuerzas en medio de la transición no fue suficiente como para que, en épocas de crisis, se dejara de lado el argumento de la seguridad nacional para volver al autoritarismo militar. En la transición pactada con estos, Aung Sann Suu Kyi estaba impedida para ejercer como presidenta, pero aparecía como consejera del gobierno y se otorgaron garantías para que su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), tuviera oportunidades reales de convertirse en una fuerza política con una incidencia proporcional a la enorme popularidad de la que goza, a pesar de las críticas cada vez más frecuentes desde el exterior.
En esta coyuntura, tres factores explican la degradación del vínculo entre la LND y los militares y que habrían conducido al golpe. En primer lugar, en las elecciones legislativas de noviembre se produjo una victoria aplastante de la LND, de tal forma que se especulaba que, en el corto plazo, Aung San Suu Kyi procedería a reformar la constitución y acabar con la prohibición que le impide acceder como presidenta (sus hijos no nacieron en Birmania). Esta posibilidad hacía temer a los militares por una pérdida del control sobre el proceso. La actual Constitución no solo le impide ser presidenta, sino que les otorga a las fuerzas Militares un 25 % del parlamento. Cualquier alteración de dicha ecuación es considerada por el ejército como una traición a lo pactado en 2011 (autodisolución de la junta militar) y en 2015 (comienzo formal de la transición).
En segundo lugar, el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, debía retirarse del cargo a mediados de este año y temía porque, una vez por fuera del poder, los líderes de la LND, y el hasta hace poco presidente, Win Myint, pudieran considerarlo como único responsable del genocidio frecuentemente denunciado en contra de la población musulmana rohinyá. La presión internacional por detener dichos abusos se ha multiplicado e, incluso, por pedido de Gambia, la Corte Internacional de Justicia le ordenó al Estado birmano la protección urgente de esta población. Asimismo, se ha acusado a Aung San Suu Kyi, Nobel de paz en 1991, de ser condescendiente con los militares y apoyar la represión. En la defensa del Estado birmano ante Naciones Unidas, la líder no mencionó una sola vez la palabra rohinyá optando por musulmanes, gesto que fue interpretado como una negación de la existencia de dicha comunidad y muestra de sintonía con la política represiva birmana (En esta entrada del blog explico la tragedia del pueblo rohinyá: https://blogs.eltiempo.com/geopolitica-poder-y-democracia/2017/10/30/la-tragedia-de-los-ninos-rohingya/).
Y, en tercer lugar, un sector del ala militar considera necesario retomar el control del Estado para garantizar la estabilidad que, en manos de los civiles, parecería tambalear. Esto implicaría detener brutalmente la llegada de rohinyá al país, así como una dura respuesta militar a cualquier manifestación de independentismo, como en el estado de Karen, donde los combates en el último tiempo han aumentado. Con este panorama, el cese al fuego pactado en 2015 podría volar en mil pedazos.
Finalmente, no debe pasarse por alto el apoyo irrestricto de China, que apelando al principio de no injerencia llama a la calma, pero no impondrá sanciones, una postura de suma relevancia pues se trata de su principal socio comercial (46 % de sus exportaciones y 39 de importaciones) a diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea que además de exigir el restablecimiento del orden constitucional, amenazan con sanciones. El régimen militar está habituado a los embargos y a un contexto internacional hostil. Por ende, la superación de la crisis y el restablecimiento de la democratización solo se pueden gestar desde adentro y cualquier anuncio de intervención extranjera directa o indirecta solo fortalecerá la retórica nacionalista.
@mauricio181212
Que interesante
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Buena description de la situacion. El tema es muy extenso con muchas variables. Felicitaciones.
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