Iván Velásquez, otra víctima de la Fiscalía guatemalteca

Iván Velásquez se desempeñó como cabeza de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (2013 y 2017) y le correspondió trabajar bajo la presidencia de Otto Pérez y Jimmy Morales. La CICIG se creó en 2006 mediante un acuerdo entre el gobierno de Óscar Berger y Naciones Unidas para apoyar al Ministerio Púbico en la investigación de delitos cometidos en las más altas esferas del Estado. El trabajo de la CICIG arrojó luces sobre el caso de «La Línea» que comprometió directamente al presidente Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti en un entramado para obtener provecho de las aduanas. Actualmente, ambos cumplen una condena de 16 años. Posteriormente, la CICIG acusó a Jimmy Morales de enriquecimiento ilícito durante la campaña que lo llevó a la presidencia. De igual forma, se presentaron cargos contra Samuel, su hermano, y José Manuel, su hijo, por fraude y lavado de activos. Ambos fueron absueltos aunque el juez que tomó esa decisión, aclaró que los hechos sucedieron pero que correspondían a un caso administrativo, mas no de tipo penal.

Esto llevó a que el entonces mandatario emprendiera una cruzada nacional e internacional contra la Comisión a la que acusaba de haber montado «un sistema de terror» en Guatemala y de haber sobrepasado sus funciones de acuerdo a la Constitución, pues según el exmandatario, se habría manipulado la justicia. En 2017 terminó de forma unilateral el acuerdo con Naciones Unidas, pero la Corte Constitucional no lo avaló, por lo que a partir de 2019 decidió no renovar el acuerdo. Morales además declaró a Ivan Velásquez como persona no grata impidiendo la entrada del hoy ministro de defensa colombiano al país centroamericano.

Guatemala es uno de los Estados más corruptos de América Latina con el agravante de que en los últimos años el presidente Alejandro Giammatei ha avanzado en la influencia desmedida en las Cortes teniendo por efecto que se condena a jueces que en el pasado participaron de la lucha contra la corrupción. Se trata de una guerra declarada donde se toman retaliaciones de todo tipo. Decenas de jueces han sido obligados al exilio, se detiene a abogados independientes y se ejerce una intimidación constante sobre periodistas u opositores que se atrevan a denunciar. Basta observar el testimonio de Carlos Antonio Videz Navas, cabeza de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -adscrita a la CICIG- que se encontraba investigando al actual mandatario por enriquecimiento ilícito cuando era candidato y quien terminó denunciando una campaña de persecución en su contra y hoy se encuentra en el exilio.

El país centroamericano ha sido escenario de protestas constantes contra el gobierno de Giammatei por los escándalos de corrupción, una constante que pone en evidencia una sociedad hastiada con los malos manejos. En 2015 ocurrió la denominada Primavera Chapina (a los guatemaltecos se les suele llamar chapinos) que derivó en la salida de Pérez y Baldetti y en la que el común denominador fue el rechazo a la corrupción y abusos de poder. Este establecimiento que se acostumbró a intimidar a quienes luchan contra la corrupción, se ha empoderado con Giammatei en cuyo mandato la Fiscalía se convirtió en inquisidora contra jueces abogados, opositores y periodistas.

A Velásquez le aplican la misma estrategia que a su colega guatemalteca Leily Santizo, quien también hizo parte de la CICIG y ha sido objeto de una persecución judicial a lo largo de 2022 por atreverse a denunciar al temible Clan Mendoza, organización de narcotraficantes que opera en el país. Santizo al igual que el periodista José Rubén Zamora se han vuelto blanco de la organización de extrema derecha «Fundación Contra el Terrorismo» cada vez más influyente en la fiscalía de ese país. Estados Unidos y la Unión Europea han expresado en varias ocaciones su preocupación por la forma como la fiscalía guatemalteca se ha politizado para perseguir a quienes combaten la corrupción.

Por ende, el anuncio de la fiscalía guatemalteca de investigar a Iván Velásquez debe leerse como una retaliación que confirma el poder desmedido de un Ministerio Público en manos de una clase política a la que no le conviene una justicia independiente. El mensaje para todo aquel que trate de denunciar, investigar o controvertir es claro. Con esto se inicia una crisis inédita entre Colombia y Guatemala en la que el país no puede ceder ante la intimidación de un poder cada vez más autoritario.

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