¿Qué viene para Julian Assange?

La decisión de la justicia británica de negar la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a Estados Unidos para ser juzgado por conspiración tiene varias connotaciones y valga decir que aunque constituya un alivio, no representa una victoria total en su causa. En primera instancia, el caso demuestra que contrario a lo que se suele pensar en Colombia, la justicia puede funcionar de manera independiente así corresponda a un tema del interés de Estados Unidos y menos importante aún, pero más relevante para los simpatizantes del partido de gobierno en el país: las decisiones que adopten otros poderes del Estado no deben afectar las buenas relaciones con Washington, que en este, como en otros casos, asume la independencia de las ramas del poder público a pesar de incidir en un tema de interés vital. Las relaciones entre Donald Trump y Boris Johnson no parecen degradarse por esta decisión de la justicia británica, aunque aquello suponga para Estados Unidos una derrota significativa en el corto plazo.

En segundo lugar, dentro de las consideraciones de la jueza británica Vanessa Baraitser para negar la extradición no aparece ninguna ligada a la libertad de prensa, sino que esgrimió razones vinculadas a la salud mental de Assange. Por ende, la decisión no debe ser interpretada como un triunfo para la libertad de informar, pues de manera expresa la jueza británica recalcó que la extradición no contradice ni afecta tal libertad, lo cual no deja de ser preocupante. En 2016, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias consideró que su privación de la libertad era ilegal y que, incluso, debería tener derecho a una compensación por los daños causados. A pesar de la exigencia del Grupo de que fuese puesto en libertad inmediatamente, Londres se negó y durante todo este tiempo el manejo político del caso Assange ha sido evidente.

En 2012 se refugió en la embajada de Ecuador el Londres donde fue acusado por delitos sexuales en Suecia, cargos que siempre negó y que asumió como justificaciones para lograr su extradición expedita. En un giro drástico de una de las decisiones de política exterior más emblemáticas de la era de Rafael Correa, en abril de 2019, su sucesor Lenin Moreno entregó a Assange a las autoridades británicas, acusándolo de violar las convenciones relativas al asilo político, argumento que mimetizó la verdadera razón de fondo: la premura del actual gobierno ecuatoriano de marcar distancias respecto de su antecesor. Con ello, Lenin Moreno no solo abandonó una de las banderas del correísmo, sino que contradijo una tradición sostenida por los gobiernos latinoamericanos de proteger a quienes con fundadas razones se consideren perseguidos políticos.

En este complejo panorama aparece México ofreciendo asilo, figura difícilmente aplicable pues las autoridades británicas deben autorizarla, opción que parece descartada por el razonamiento para negar la extradición de la jueza Baraitser. El gesto de Andrés Manuel López Obrador recuerda la vocación mexicana comprobada a lo largo de la historia de simpatía respecto a los perseguidos políticos y de nuevo pone de manifiesto la viabilidad de tener una relación de respeto con Estados Unidos, sin abandonar las tradiciones diplomáticas en el afán de congraciarse con el aliado del norte como ha ocurrido en Colombia. El caso de Assange, que sigue lejos de resolverse, será esencial en el futuro inmediato para determinar los límites de los Estados para intimidar, limitar o controlar los medios de comunicación y las redes sociales con la vieja y trasnochada excusa de la seguridad nacional.

@mauricio181212