Muchos lectores nos han escrito, y no solo chocoanos, para que ampliemos y pongamos en contexto el tema del Gobernador del Chocó, el doctor Ariel Palacios Calderón.
Sobre este particular hemos escrito varias columnas, cuyos links dejaremos abajo, pronunciándonos en desacuerdo de manera tajante con esa injusticia que afecta a nuestro departamento y también hemos hecho una cronología de la excelente administración del doctor Ariel, mientras lo han dejado gobernar sus contradictores políticos, y la inoperancia, ineptitud e incoherencia del gobierno central y de los entes del poder y la justicia.
He aquí la crónica:
Ariel Palacios Calderón es un mandatario marcado por el infortunio. Cuando ejercía como alcalde de Bojayá, en el año 2002, tuvo que afrontar una de las peores masacres cometidas por la guerrilla de las FARC en Colombia. Tiempo después sería el Gobernador que hizo frente a la pandemia del virus Covid-19 en el departamento del Chocó. Para finales de marzo de 2020, nuestro departamento sufría los males que durante años le han mantenido en el rezago con relación al resto del país. En ese momento, América empezó a sufrir por la pandemia que en Europa ya dejaba muertes y una incertidumbre que cada vez era más latente.
La historia juzgará el papel desempeñado por cada uno de los mandatarios que tuvieron a su cargo la adopción de medidas encaminadas a hacer frente a la pandemia.
Recordemos que el doctor Ariel ocupó durante mucho tiempo la gerencia de una EPS, y gracias a ello, fue uno de los primeros que actuó en aras de brindar elementos de protección a los prestadores de salud en Chocó. Por este motivo celebró el contrato 003 de 3 de abril de 2020, el cual hoy le tiene privado de su libertad de manera infame e injusta.
Su administración ha estado marcada por las decisiones judiciales. Primero fue la Procuraduría General de la Nación, autoridad que recibió el 23 de abril de 2020 una queja anónima, ese mismo día de manera sospechosamente acelerada procedió a abrir la indagación y 24 horas después siguiente lo suspendió del ejercicio de su cargo, según el ente disciplinario, por falta de planeación en el contrato 198 al no proveer de elementos de bioseguridad a los prestadores de salud del departamento. Sobre esta investigación hay que mencionar que, con el fallo del 2 de agosto de 2022, fue absuelto y los tres (3) meses de suspensión de su cargo, entre el 24 de abril y el 13 de julio de 2020, como también la afectación a su buen nombre y derechos políticos, jamás han sido resarcidos; no se ha pedido disculpas por el ente de control por esa medida tan apresurada y sin fundamentos.
Los lectores también deben conocer que la Fiscalía General de la Nación, solicitó imposición de medida de aseguramiento domiciliaria en marzo de 2022 y una Magistrada de Control de Garantías del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá lo terminó suspendiendo por segunda ocasión de su cargo. La denuncia de este caso se encuentra suscrita por un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y surgió por la premura de la suspensión ordenada por la Procuraduría General, pesquisas que parten de la contratación de elementos de bioseguridad para el personal de salud del departamento, por lo que se puede ver que primero fue suspendido al no comprar elementos por parte de la Procuraduría y la segunda suspensión por la Fiscalía General de la Nación por haberlos adquirido, lo que es sin duda alguna un contrasentido.
Hace unos días, su defensa presentó pruebas a los Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que deben resolver si continua al margen de su cargo o puede retornar como Gobernador del Departamento de Chocó. Entre ellas, evidencias que prueban que para marzo de 2020 los elementos de bioseguridad adquiridos estaban agotados en el país y que los precios no superaban los valores del mercado, además, que los elementos fueron entregados a las personas que en ese momento más lo necesitaban.
En audiencia quedó claro, igualmente, que por este contrato no se encontró detrimento a los recursos del estado; por ello, la Contraloría ni la Procuraduría investigan esta contratación, inclusive el delegado del Ministerio Público en audiencia concluyó que en aras de garantizar sus derechos políticos se podría otorgar su libertad imponiendo unas medidas no privativas.
Las dudas que emergen sobre la legitimidad de esa actuación penal y sobre la medida de aseguramiento domiciliaria que pesa sobre Ariel Palacios Calderón son evidentes conforme a las pruebas aportadas por su defensa, pues demostró que la fundamentación utilizada por el Gobernador del Chocó para declarar la urgencia y proceder a realizar los contratos relacionados con el Covid-19, fue la misma modalidad de la Fiscalía General de la Nación y de por lo menos 5 departamentos más; la duda entonces es: ¿por qué sigue detenido el mandatario?
La decisión de su libertad y regreso a la administración legítimamente elegida por los habitantes del Departamento del Chocó se encuentra ahora en manos de los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, les exigimos desde esta tribuna de opinión que como lo hizo de manera ejemplar la Procuraduría General de la Nación, realicen un estudio serio, ponderado y calmado, más cercano a lo realmente ocurrido.
Solo Dios sabe cuántas vidas salvó el señor Gobernador Ariel Palacios Calderón gracias a su gestión y a la rápida contratación que hoy le tiene, repetimos, injustamente privado de su libertad. También debemos ponderar la loable labor de la Gestora Social, doctora Gissela Palacios, que no desfallece y sigue adelante ayudando con sus obras a los más necesitados del departamento del Chocó.
P.D. A los enemigos políticos de señor Gobernador que hoy disfrutan al verlo detenido en su domicilio y separado de su cargo les decimos que eso es como pegarse un tiro en el pie porque esa crisis institucional solo afecta directamente nuestro departamento en la parte económica, social, alimentaria, entre otras.
Otras columnas acerca del Gobernador del Chocó:
https://blogs.eltiempo.com/la-sal-en-la-herida/2020/07/08/el-choco-en-vilo/
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