Después de la guerra

Empieza el nuevo año, la nueva década y las nuevas administraciones regionales. Con estas últimas empiezan a llegar los y las Secretarias de paz y postconflicto, de víctimas y en el caso de Bogotá el o la Alta Consejera cuyo nombre sigue siendo desconocido. Estos nombramientos, que no suelen ser los más populares de los gabinetes tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de las victimas en los territorios y por la implementación de la Ley 1448 de 2011, cuya prórroga está por surtirse en este año.

Si bien esta no es una responsabilidad cualquiera, no se puede desconocer que estas personas están atadas a lineamientos y metas que dan cuenta de un debate que hace mucho tiempo debió evolucionar.

La Ley 1448 de 2011 fue legislada, promulgada y puesta en marcha con el fin de dar atención a las víctimas del conflicto armado interno. Hoy sabemos que este número se acerca a las nueve millones de personas, sobra decir que esto es el dato oficial, bien se sabe que en el Registro Único de Víctimas hay uno que otro “colado” y que en hechos victimizantes como la desaparición forzada o territorios como Sumapaz hay un subregistro incalculable (en este territorio las inclusiones en el RUV no tocan la mitad de las declaraciones, según datos de la comunidad).

Al día de hoy, casi nueve años después de la promulgación de la Ley, las víctimas siguen como el coronel: esperando quien les escriba. La reparación administrativa, que da cuenta de las sumas de dinero que deben recibir como indemnización, en octubre estaba en el 13%. En cuanto la atención, como todos los colombianos, las víctimas tienen que pasar larguísimos procesos para recibir cupos en los colegios o la autorización de una cirugía. Cuando por fin lo logran, es innegable hacerse la reflexión de si como Estado estamos entregando derechos fundamentales disfrazados de acciones restaurativas.

Es después de nueve años que nos sentamos a pensar si las metas algún día se cumplirán o si es mejor pensar en formas de reparación simbólica, si será mejor fortalecer los proyectos artísticos y culturales, o si lo mejor será hablar de salud mental. Es después de obligar a las víctimas a seguir con su proyecto de vida sin recursos emocionales que se habla de la desfinanciación de programas como el PAPSIVI, que brinda atención psicosocial y atención integral a las víctimas en los territorios pero que tiene apenas 3 gestores para ciudades tan grandes como Bogotá.

Que los próximo cuatro años de administración sean la oportunidad de pensar qué es lo que hemos dejado de hacer para que las víctimas, aún después de décadas de su hecho victimizante, sientan que no han terminado de tomar las riendas de su vida y no den por culminado su proceso. Que sea el momento de repensar la participación más allá de los espacios mixtos y volver a la calle, a las comunidades, donde reposa el verdadero saber y donde las necesidades de las víctimas no se preguntan, se ven. Es importante, que los nuevos mandatarios se piensen la forma de hacer que las víctimas recuperen su rol como ciudadanos.

Finalmente, que la renovación política en lugares tan relevantes como Cúcuta, Medellín, Turbaco y Silvia (Cauca) dé lugar a debates distintos, a hablar de la paz desde todo lo que la conforma y el postconflicto empiece a hacerse desde la integración de los actores, para empezar a entendernos como un solo país.

Hoy que la violencia se asoma y amenaza con volver, que los días de después de la guerra se hacen esquivos, hacer la paz, la verdadera paz, es un compromiso horizontal y de todos. Deseo mucho discernimiento a estos miembros de los gabinetes que pasarán los próximos cuatro años hablándole a las víctimas de seguir adelante en un Estado que parece esforzarse por perpetuar la deuda que tiene con ellas.