El próximo domingo 11 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia. Como ocurre cada cuatro años, muchos de los candidatos a Senado y Cámara de Representantes prometen en las plazas públicas, y en los foros donde participan, acabar con la corrupción y la inseguridad, erradicar el desempleo, reducir los impuestos, mejorar el sistema de salud y otro rosario de consignas encaminadas a convertir este sufrido país en un verdadero paraíso terrenal.
Elecciones Legislativas
Cabe recordar que la mayoría de estos propósitos son los mismos que se escucharon en campañas anteriores y varios de los candidatos que los prometen ahora son, igualmente, aquellos que en el pasado fueron elegidos y ahora repiten el mismo discurso. De algún modo se podría decir que son los mismos con las mismas (las mismas promesas, claro).
Para considerar qué se ha hecho y qué se puede hacer de cara al futuro en alguno de esos frentes, repasaré brevemente la lucha contra la corrupción, quizás la peor de todas las lacras que carcomen los presupuestos de la nación y de las demás entidades territoriales. Combatirla ha sido desde hace muchos años uno de los principales objetivos de cada gobierno. Varias propuestas se han puesto en práctica con este fin pero los resultados están lejos de ser positivos. Quizás la más exótica por la forma cómo fue planteada la formuló en su momento el entonces presidente Julio César Turbay Ayala cuando prometió reducir la corrupción a “sus justas proporciones.” Tal vez fue una expresión imprudente pero no descabellada si se consideran las estadísticas globales sobre niveles de corrupción por países. Según Transparencia Internacional en el año 2016 los países menos corruptos en todo el mundo fueron Nueva Zelanda y Dinamarca con una calificación de 90 puntos sobre 100. Los resultados completos se pueden ver haciendo clic aquí. ¿Será, entonces, el 10% la justa proporción de la corrupción? Moralmente es inaceptable pero la realidad no muestra un nivel cero de corrupción en el planeta.
Las soluciones en este sentido han consistido básicamente en modificar las leyes de contratación con el Estado para exigir mayor transparencia en los mecanismos utilizados y en incrementar las penas para delitos como el peculado. Incluso, se ha llegado a hablar de meritocracia, en términos de exigencias legales, para que a los cargos públicos accedan los más capaces y no los recomendados por los políticos.
El resultado de la aplicación de todas esas normas ha sido no la reducción de la corrupción sino el encarcelamiento de contratistas, alcaldes, gobernadores, ministros y congresistas por el cobro de coimas y comisiones indebidas, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Para rematar, también se descubrió que quienes debían investigar y sancionar a estos nefastos personajes eran igual de corruptos. El caso del denominado “cartel de la toga” porque en él están involucrados exmagistrados y magistrados activos de la Corte Suprema de Justicia, está expuesto en los medios y los colombianos esperamos resultados contundentes. Vale aclarar, sin embargo, que la mayoría de los jueces, magistrados y fiscales que operan nuestro sistema judicial son personas honestas y muy competentes.
Este simple repaso de uno de los tantos problemas que enfrentamos a diario los colombianos nos demuestra que las soluciones no son tan fáciles como algunos las pintan. Por eso creo que ciertos políticos se presentan a sí mismos más como “magos” o “hacedores de milagros” propios de personajes sacados del realismo mágico de las obras de García Márquez, que como candidatos serios con propuestas viables.
Todo lo dicho hasta aquí se refiere a lo que proponen los candidatos y a lo que se ha hecho desde las esferas gubernamentales. Pero… ¿qué vamos a hacer los ciudadanos del común? Esa es la verdadera pregunta del millón.
Si usted es una de las personas que tiene “comprometido” su voto y el de sus familiares más cercanos porque debe conservar su empleo en una entidad pública, entonces no critique, no se queje porque el rumbo del país va por un despeñadero sin fondo. Usted es tan responsable de la situación como lo es su jefe político. Si él le exige votos para que conserve su cargo y, además, le pide como colaboración un porcentaje de su sueldo, entonces usted es cómplice de ese corrupto.
Pero si su voto es la contraprestación por el sancocho, el tamal, la gaseosa, la cerveza o la botella de trago que le dan el día de las elecciones más unos cuantos pesos, entonces usted no merece llamarse ciudadano. Es un simple mercenario electoral sin conciencia ni responsabilidad alguna con el país. Se podría decir que gracias a usted estamos como estamos.
A pesar de los casos anteriores, que ningún bien le hacen a la democracia, creo que el resto de los ciudadanos, que somos la mayoría, tenemos la convicción de que debemos votar por hombres y mujeres serios, con programas realizables. Obviamente no sugiero a ninguno porque cada quién debe estudiar las distintas alternativas y escoger a los candidatos que llenen sus expectativas. Debe haberlos en todos los partidos. Más allá de un asunto ideológico se trata de elegir personas capaces y honestas.
Vota por el mejor candidato
¡Sí se puede!
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