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La Hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre (VHC).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que a finales de 2015 había en el mundo 71 millones de personas infectadas por este virus y que, a menos que reciban un tratamiento oportuno y eficaz, el 60-80% de ellas pueden desarrollar una infección crónica, con el riesgo de generar cirrosis o cáncer hepático, dos agravantes mortales. No obstante, en ese momento tan solo el 20% de los infectados se habían sometido a pruebas de diagnóstico y únicamente el 7% de los diagnosticados (alrededor de 1 millón) habían iniciado tratamiento.
Como consecuencia de este déficit en diagnóstico y en tratamiento, la OMS estima que anualmente mueren en el mundo unas 399.000 personas, casi 1.100 diarias.
Consciente de este drama, en 2016 la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) aprobó la primera estrategia mundial contra las hepatitis, denominada “Eliminar la Hepatitis”, una de cuyas metas es lograr que para el 2030 el 80% de los infectados por el VHC hayan recibido tratamiento. Esto supone que los 28 países que concentran el 70% de la carga mundial de la enfermedad, entre los cuales está Colombia, tomen todas las medidas necesarias para eliminarla.
Hasta hace poco tiempo la Hepatitis C era una enfermedad prácticamente incurable. Esto ha cambiado, gracias al reciente desarrollo de los denominados Antivirales de Acción Directa (ADD) contra la Hepatitis C, los cuales tienen el poder de curación en el 95% de los casos. Consecuentemente, la OMS recomienda a los 28 países con alta carga de la enfermedad, administrar los ADD a todos los adultos y niños con infección crónica, excepto algunos casos concretos en los que todavía se pueden utilizar los medicamentos anteriores a los ADD.
En el caso de Colombia, la Organización Panamericana de la Salud ha estimado que en el país hay cerca de 400.000 personas infectadas por el virus VHC. Suponiendo que de ellas el 60% padecen la modalidad crónica o son candidatas a desarrollarla, tenemos que para cumplir la meta de cobertura del 80% fijada por la AMS habría que administrar los ADD a cerca de 192.000 personas.
El problema es que el precio de los ADD es exorbitante, llegando en el 2016 a $136 millones el tratamiento de 12 semanas ($1,6 millones diarios). Esto es escandaloso, máxime si se tiene en cuenta que, según se ha podido establecer, el costo de producción del tratamiento de 12 semanas es tan solo de 62 dólares, o sea menos del 1% del precio en Colombia.
Ante esta situación, el año pasado el Ministerio de Salud estableció el Sistema de Compra Centralizada de los ADD contra la Hepatitis C. Gracias a ello, el precio de los tratamientos involucrados cayó un 80%, situándose entre 23 y 28 millones de pesos el tratamiento de 12 semanas. Sin embargo, según los datos disponibles al día de hoy, en el canal institucional el precio de los ADD incluidos en el mecanismo de Compra Centralizada ha vuelto a subir, situándose en 63 millones de pesos. El de los no incluidos ronda los 100 millones de pesos.
A precios como estos el sistema de salud no está en condiciones de suministrar los ADD a todas las personas que los necesitan sin comprometer la sostenibilidad financiera del mismo y la atención de otras necesidades sanitarias prioritarias, por lo que se hace imprescindible y urgente tomar medidas dirigidas a bajar los precios a niveles asequibles, más allá del control directo de precios y las compras centralizadas.
Entre las medidas posibles, sin duda la que ha demostrado a nivel global ser la más efectiva es la de la concesión de licencias obligatorias, las cuales permiten el ingreso al mercado de medicamentos genéricos con precios infinitamente menores que los de los patentados. En el caso de los ADD contra la Hepatitis C, en Egipto, India y otros países los genéricos tienen un precio cercano a los 200 dólares el tratamiento de 12 semanas. Médicos Sin Fronteras consiguió el año pasado para sus programas de ayuda humanitaria un precio de 120 dólares.
Fundadas en esta realidad, varias organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Ministerio de Salud declarar de interés público el acceso a los ADD contra la Hepatitis C, que es el prerrequisito para poder proceder al otorgamiento de licencias obligatorias.
Como lo ha explicado públicamente Misión Salud, la concesión de licencias obligatorias es un derecho de los Estados, no una mera expectativa como pretenden los amigos del monopolio y el lucro desmedido. Un derecho expresamente consagrado en la normativa de propiedad intelectual (Acuerdo ADPIC art. 31 y Declaración de Doha puntos 4.2 y 5.b) y desarrollado por la normativa andina (Decisión 486 de 2000 art. 61 a 69). Un derecho derivado de la obligación estatal de proteger el derecho a la salud de los efectos perversos de las patentes farmacéuticas, a la que se refiere la ley colombiana 1751 de 2015 (art. 5 y 6).
El Ministerio de Salud tiene la palabra. La superación del problema de la Hepatitis C debe enfrentarse no pensando en los intereses de los productores de los ADD sino con un enfoque de salud pública. Sólo a través de licencias obligatorias se podrá atender la emergencia que significa tener sin tratamiento curativo a miles de colombianos infectados por un virus mortal como es el VHC. Insistimos: la prioridad son los pacientes. El derecho a la salud y la vida está por encima de los intereses comerciales.
