Méritos

A finales del mes pasado, el gobierno nacional anunció un nuevo concurso de méritos para seleccionar más de veinte mil vacantes en el magisterio a nivel nacional. La coyuntura actual en la que se lanza dicho concurso tiene varios puntos que deben ser tenidos en cuenta, tanto en su origen como en los problemas que debe resolver.

La población que compone el magisterio colombiano, como se ha discutido en otras ocasiones, está claramente diferenciada en los docentes que entraron a la carrera bajo los términos del estatuto 2277 de 1979 y los que se reglamentan bajo las disposiciones del estatuto 1278 de 2002 (y que es el que reglamenta el concurso que se realizará en ciernes). Esta diferenciación de estatutos está más o menos correlacionada con una diferencia de edades en los docentes que realizan sus labores en los colegios del país. A medida que un grupo cada vez más grande de docentes reglamentados bajo el 2277 entra a buen retiro, la demanda por docentes de planta a lo largo y ancho de Colombia se hace cada vez más grande, de hecho, ya estamos cerca al punto en el que la mayoría de docentes del magisterio serán del nuevo estatuto, lo que hace necesario llevar a cabo este concurso docente. Así mismo, el interés del gobierno en masificar la implementación de la jornada completa en el país aumenta la necesidad de llevar a cabo dicho concurso si se busca una planta docente lo suficientemente robusta para poder asumir este reto.

Si bien es claro que un concurso docente es una necesidad imperiosa, es importante tener varios puntos en consideración, y también es razonable preguntarse si el gobierno ha pensado en estas variables. Como comentaba hace casi un año y medio en este mismo espacio, el más reciente concurso docente se vio manchado por unas demoras absolutamente impresentables e intolerables en su ejecución, siendo anunciado a finales de 2012 pero con vacantes que aún no se habían adjudicado el año pasado debido a una serie de enredos que arrancaron con acusaciones de fraude en la prueba inicial de selección, y reclamaciones que entorpecieron cada paso del proceso, dejando al país con un concurso de poco más de dos años y medio cuando usualmente solo debiera durar uno, algo que se debe, en buena parte a la entidad a cargo del proceso. Si bien la Comisión Nacional del Servicio Civil es la entidad que se encarga de la selección de servidores públicos, también es cierto que su mentalidad relativamente burocrática desconoce los tiempos del sistema educativo y los términos bajo los cuales dicha selección debiera llevarse a cabo, y lo que ha resultado en fiascos como el del reciente concurso. A esta situación hay que sumarle la monumental falla que se ha visto en la implementación y desarrollo de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativo, la cual, hasta el sol de hoy no ha arrojado resultados por fallos operativos de parte del ICFES.

Esta situación nos deja con un concurso docente que aunque necesario, deja muchas incertidumbres sobre su desarrollo y cumplimiento de objetivos. Solo el tiempo dirá si en agosto de 2017 este blog no tendrá una entrada denunciando las demoras en la implementación del concurso.