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Sí, la educación pública agoniza. Pero nunca antes había tenido un presupuesto tan alto.
De acuerdo con el Times Higher Education, uno de los rankings de clasificación de universidades más prestigiosos del mundo, la Universidad Nacional de Colombia es una de las mejores del país y del continente. Aunque el ranking varía cada año, la Universidad Nacional, cuyos edificios están desmoronándose, en más de una ocasión ha superado Los Andes, la Javeriana y el Rosario. Si en las actuales condiciones, tal universidad compite en rankings internacionales con las anteriormente nombradas, ¿a dónde podría llegar si le inyectamos el capital que necesita?
El pasado 10 de octubre fue un gran día para la educación pública. El país se unió en una sola voz y miles de personas marcharon para exigirle al nuevo Gobierno que tome medidas urgentes para solucionar el déficit presupuestal que azota a las universidades públicas. Por culpa de una mala decisión en 1992, las universidades dejaron de recibir recursos coherentes con su crecimiento anual. El Gobierno apenas les transfiere el 47% de lo que necesitan para su sostenimiento, el resto corre por cuenta de cada institución. En 2016, las universidades recibieron 2,93 billones de pesos; en 2017, fueron 3,3 billones; y en 2018, el apoyo fue de 3,4 billones. El problema está en que el crecimiento anual de las universidades es cinco puntos más alto que el aumento presupuestal de cada año, acorde al IPC. Actualmente hay un déficit de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones para invertir en infraestructura.
Sin embargo, el mismo 10 de octubre, el Presidente Duque en compañía del ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, aprobó la reasignación presupuestal de 500.000 millones de pesos que presenté con el apoyo de compañeros de la Bancada Caribe y de la Comisión Tercera. Dicha reasignación presupuestal no aumenta el presupuesto general de la nación para el año entrante. Así, el presupuesto para la educación pública en 2019 pasa de 3,9 billones a 4,4 billones.
Aunque somos conscientes que esta no es una solución definitiva y que falta mucho por lograr, celebramos la disposición que ha mostrado el nuevo gobierno para subsanar los problemas de la educación pública. Si bien es cierto que los manifestantes pedían un aumento de casi el doble del presupuesto asignado, hay que tener en cuenta la difícil situación fiscal que enfrenta el país. También hay que tener en cuenta que ningún gobierno en Colombia había hecho una asignación presupuestal como la que se hizo el pasado 10 de octubre. Es decir, nunca antes la educación había tenido tantos recursos. Personalmente pienso que es urgente redefinir a la educación pública por medio de políticas de estado a largo plazo.
Frente a la propuesta que hacen los estudiantes sobre la reliquidación de deudas con el Icetex con tasa de interés real al 0%, considero que se deben condonar únicamente los intereses moratorios, porque estos no deberían incluirse dentro de ningún programa gubernamental cuyo fin sea facilitar el ingreso a la educación. Por otra parte, también considero que no se les puede cambiar las reglas de juego a los estudiantes beneficiarios de programas como Ser Pilo Paga. Hay que dar garantías de permanencia y grado a quienes ya hayan accedido a créditos y becas gubernamentales.
Quiero que los estudiantes que salieron a marchar el 10 de octubre sepan que sus propuestas están siendo escuchadas. Sabemos que los $500.000 millones no son una solución de fondo pero demuestran el interés que hay por solucionar el problema. En lo personal, cuentan con un defensor de sus intereses en el Congreso. Estoy convencido de que la educación es la clave para alcanzar un mejor país.
