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Durante las últimas semanas, Colombia nos ha tenido con los nervios de punta. En medio de este carrusel de emociones y eventos, nuestro país comienza a personificar de una magistral manera aquellas obras de Molière en donde no se sabe si reír o llorar.
Comencemos con la paradoja de Jesús Santrich y su improbable extradición…
Cuando la implementación de los acuerdos y la estabilidad de su Justicia Especial para la Paz (JEP) no podían estar en su punto más critico, el pasado 17 de mayo ocurrió, como en una historieta, la liberación del ex-cabecilla de las Farc en la puerta de la cárcel La Picota, en Bogotá… y pocos minutos después, su recaptura.
Este acontecimiento se le atribuye, en primera medida, a la controversial decisión tomada por la JEP, al dictaminar la liberación del excombatiente por falta de pruebas, las cuales fueron solicitadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el posible conexo de este con el delito de narcotráfico, después de la firma de los acuerdos. En segunda medida actuó la Fiscalía, quien emitió la recaptura de Santrich al señalar que tenía nuevas evidencias en su contra.
El efecto dominó de estas decisiones desencadenó una nueva crisis en la justicia del país, donde las posturas encontradas produjeron la intempestiva renuncia del Fiscal General y la Vicefiscal, argumentado su desacuerdo con el veredicto de la JEP y dejando acéfala a la entidad de la rama judicial. No obstante, el escenario es aún más complejo dado que detrás de este choque se esconden grandes interés políticos y económicos.
Entonces, cabe recordar las fuertes criticas del Gobierno y su bancada en el congreso a la JEP. Primero, las seis objeciones a la ley estatutaria que hoy reposan en las manos de la Corte Constitucional, quien será la última instancia en dictaminar el futuro proceder de esta jurisdicción. Segundo, la solidaridad que presentó el Presidente Iván Duque ante la renuncia del Fiscal, quien ha protagonizado una serie de escándalos que lo vincularían con el mayor caso de corrupción en Latinoamérica, Odebrecht.
Sobre este punto vale la pena ahondar un poco, ya que este se considera un secreto a voces, su salida como cortina de humo, donde se evidenciaba su falta de prestigio para el cargo y caía, nuevamente, en la vieja costumbre de retirarse, como lo hizo cuando fue Ministro de Interior de Pastrana y Superministro de Santos.
Tercero, y no menos importante, la nueva propuesta del Centro Democrático (CD) de sacar adelante una Asamblea Constituyente, con la finalidad de realizar mayores reformas a los acuerdos de paz y a su marco de justicia transicional. Es evidente el afán y el esfuerzo político de la ala más radical del partido de Gobierno por reestructurar la justicia colombiana, a pesar de que existen otras vías de diálogo y concertación entre los diversos actores, donde se garanticen las mejoras necesarias para sacar adelante la Paz y que haya tanto reparación integral, como justicia para las víctimas.
Ahora bien, la cereza del pastel no es la disputa internacional entre la congresista María Fernanda Cabal y el periodista Nicholas Casey; sino lo que su artículo publicado por The New York Times denuncia. Este destapa un escándalo en las Fuerzas Armadas, el cual revive uno de los capítulos más aterradores de nuestra historia, el posible retorno a los falsos positivos en el país.
Sin duda, este artículo prendió las alarmas del Ministro Botero, a quien bien se le conoce por sus vacilantes declaraciones sobre el presunto asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, presuntamente por miembros del Ejército. Contrario al admirable acto del General Villegas al reconocer la falta de sus oficiales y pedir perdón a la comunidad por el homicidio.
Es por tanto, que en sus declaraciones se mostró decepcionado con los altos mandos que pudiesen haber filtrado los métodos de incentivos de la institución y reforzó su argumento con las largas horas dictadas de cursos sobre derechos humanos a la fuerza pública. Pero, los incentivos son la parte más evidente en la ecuación, ya que en otros periodos de Gobierno existía una correlación entre ellos y el indicador llamado “body count”.
Finalmente, es importante precisar que muchos de los Oficiales y Generales, como el caso de Villegas, se separan de las antiguas prácticas y tienen mayor conciencia sobre la protección de los derechos humanos. Por lo que sumado a ello, se debería hacer una revisión de las medidas impartidas por el Ejército y emitir órdenes claras ya que estos son dos factores claves para evitar lamentables episodios y confusiones de los altos mandos.
