Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.
Por: Jorge Iván Cárdenas
El cambio climático se ha tomado las agendas públicas y privadas. Varios fondos privados de inversión consideran las estrategias de financiamiento con criterios ESG (Environmental, Social and Governance), mientras la inversión pública al respecto requiere pensar las metodologías de gasto y alternativas de financiamiento para la acción climática.
El BID recientemente publicó un marco conceptual para la clasificación del gasto público en donde se resalta la importancia de desarrollar “marcadores” como mecanismos de identificación que primero, estén bajo parámetros internacionales como el Sistema de Cuentas Ambientales Económicas de Naciones Unidas y el Manual de Estadística de Finanzas Públicas del Fondo Monetario; y segundo, pueda perfeccionar las políticas climáticas y la eficiencia del gasto público.
Respecto a la eficiencia, diversos autores han profundizado en la estimación de la relación costo-beneficio de los proyectos ambientales, tales como González & Eguino con modelos de mitigación de GEI para España o Belfiori en economía del cambio climático en Argentina. Por otro lado, los estudios han tenido gran relevancia respecto a los impuestos, compensaciones y contraprestaciones originados desde los recursos naturales, y los impactos sociales que estos procesos tienen en los territorios.
Varios expertos resaltan la necesidad de una transición y diversificación económica de los territorios en donde se realiza la explotación. Aunque en la mayoría de los casos, los recursos de inversión provienen principalmente de estás actividades. Sin embargo, a nivel territorial poco se ha avanzado en la exploración y adquisición de nuevas fuentes de inversión o financiamiento para adelantar las mencionadas acciones climáticas.
A manera general, las entidades territoriales se han escudado en las transferencias y las regalías para mejorar las inversiones en los territorios. No obstante, para el 2021, el financiamiento externo e interno solamente representó el 4.3% del gasto en capital para los departamentos y el 7.4% para los municipios. En otras palabras, acierta considerablemente el CONPES 4099 de 2022 al establecer una política de promoción del acceso al financiamiento de las entidades subnacionales orientado a inversiones sostenibles.
Por ejemplo, de los COP 80 billones que se gastaron los municipios en inversiones de capital en 2021, solo COP 6 eran por financiamiento; y de los COP 29 billones que se gastaron los departamentos, solo COP 1.2. En efecto, existe un margen sustancial para aumentar el gasto en inversiones sostenibles que promuevan la acción climática a través de la financiación, siempre y cuando se encuentre que la tasa interna de retorno sea mayor a la tasa de descuento de los proyectos.
En definitiva, el país debe pasar desde un marco teórico sobre la acción climática a la presupuestación y acción para el financiamiento de las actividades mediante proyectos como unidades básicas de la inversión pública. Adoptar los “marcadores” presupuestales en el Plan de Desarrollo será un argumento normativo para aterrizar instrumentos de identificación y evaluación de estas inversiones, claro, con una inclinación dentro de los instrumentos de planificación territorial.
Por último, aunar esfuerzos para fortalecer la cooperación para la gestión de capacidades permitirá hacer más eficientemente las políticas ambientales, y promover nuevas fuentes de inversión como el financiamiento interno o externo de inversiones sostenibles. Apropiar una transición en función de la acción climática, tales como energías renovables, gestión de la conservación y preservación de la biodiversidad, y actividades AFOLU (Agricultura, Silvicultura, y Otros Usos del Suelo) podrá ser una alternativa óptima.
Twitter e IG: cardenas_iv
