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La agenda sobre el cambio climático, además de ser ambiciosa, requiere esfuerzos significativos en la gestión de las inversiones. Sin embargo, el 2023 plantea retos significativos en materia de estabilidad macroeconómica, sobre todo para las economías emergentes y en desarrollo. Varias propuestas han sido crear fondos para financiar la agenda climática, pero, ¿sinceramente estos tendrán el efecto deseado y ser resilientes en el 2023?
Por ejemplo, la crisis fiscal en países en vía de desarrollo ha planteado canjes de deuda que liberen fondos para la protección al ambiente, pero en efecto, según el FMI (2022) en el mayor de los casos es más eficaz abordar los dos temas por separado. Luego entonces, ¿de dónde saldrán los recursos para el 2023 si hay vientos de recesión económica? y ¿están preparados los administradores, tanto público y privados, para responder a esta gestión?
En principio, durante la pandemia hubo una oleada de financiamiento público y privado para contrarrestar la crisis del Covid, sin embargo, ahora que se ha apaciguado la pandemia, las restricciones monetarias son más duras y se derivan en costos de financiación mucho más altos. Por ejemplo, la FED en menos de 8 meses ha subido 4.25 % la tasa de intervención y Banrep en un 9 % en un año.
Adicionalmente, variables como la inflación, el desempleo, la apreciación del dólar, entre otras, hacen que los ejercicios financieros y de rentabilidad sean más complejos. Sobre todo, para los países en vía de desarrollo en donde las restricciones financieras pensadas hacia la rentabilidad de los fondos verdes tienen que considerar tanto la eficiencia a partir del costo-beneficio, como la estabilidad macroeconómica que endurece las condiciones de financiación.
En otras palabras, las condiciones macroeconómicas hacen que la gestión de los fondos verdes, que en principio ya tiene fuertes dificultades para pensar en rentabilidad a través de ejercicios costo-beneficio, se vuelva más compleja por la volatilidad de las variables macroeconómicas en países en vía de desarrollo. De hecho, varios fondos tendrán que innovar a través de operaciones de cobertura, pólizas por riesgo, o garantías principalmente de los gobiernos.
Ahora bien, es cierto que varios fondos verdes son de organismos multilaterales y filantrópicos con principios sin animo de lucro, o también de entidades públicas; que ante todo persiguen objetivos de política pública. No obstante, será errado que estos fondos no estén considerando la gestión de los recursos sin las condiciones macroeconómicas, pues en efecto antes que se logre conservar o restaurar el ambiente, por ejemplo, estos recursos podrían estar parqueados en los bancos perdiendo valor por condiciones como la tasa de cambio o la inflación.
Por otro lado, varios países en vía de desarrollo no cuentan con el capital humano y conocimiento necesario para avanzar de forma eficiente en estos aspectos, lo cual deberán aperturar sus acciones hacía la cooperación y transferencia de conocimiento. Sobre todo, en dos puntos: i) en la gestión doméstica y administrativa de los fondos, bien sea mediante proyectos de inversión o programas de desarrollo; y ii) en una ingeniera financiera capaz de blindar los fondos ante condiciones adversas de la economía.
En síntesis, tanto los fondos privados y públicos deberán en el 2023 analizar detenidamente las condiciones macroeconómicas para hacer más eficiente la intervención en función de la agenda climática; así como contar con personas con experticia en la gestión de las finanzas que puedan proteger las inversiones en entornos complejos que se perciben en el 2023. Por ejemplo, las entidades públicas pueden involucrar principios de Gestión de Finanzas Públicas y Evaluaciones que se mencionan en el PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) en la gestión de estos fondos.
