El hambre en la Guajira sigue dejando víctimas y la política pública para prevenir la desnutrición parece que sólo estará lista a finales de 2018, cuando cambiemos de inquilino en la Casa de Nariño.
Con tristeza los colombianos recibimos la noticia sobre la muerte de al menos 21 niños menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición en lo que va corrido del año en la Guajira.
La relación de la pobreza extrema y los problemas de educación, salud y falta de satisfacción de servicios básicos como el agua, afectado por la injerencia de los grandes proyectos mineros, son sin duda una de las tantas causas de la crisis de desnutrición en la Guajira, sumado a que los depredadores de los recursos públicos parecen asentarse en el Departamento.
Antes de reprochar la poca diligencia del Presidente Santos para combatir la corrupción en la Guajira, se hace necesario referirnos al fenómeno de la pobreza extrema en Colombia.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza extrema es definida como «la situación en la que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación». En Colombia existieron al menos 4 millones de personas en condición de pobreza extrema en 2016, ubicándose nuestro país en el segundo con mayor porcentaje en la región: 8,5%. (Fuente: DANE)
Muchos lamentos pero pocas soluciones que se conviertan en la salvavidas para evitar la muerte de niños a causa de desnutrición. El departamento de La Guajira registra uno de los índices más altos de pobreza extrema en el país con 40,1%, y sin embargo a la fecha no hay definida una política publica que logre que más familias superen la peor crisis que atraviesa este departamento. (Fuente: DANE)
A la desnutrición, falta de educación, y crisis en la salud hay que sumarle la reproducción de los depredadores de los recursos públicos que han llevado a elevar los indices de pobreza extrema en la Guajira.
¿Han escuchado sobre el plan bolsillo de cristal? Es la investigación de la Fiscalía referente al robo de millones de recursos públicos destinados a los más pobres de nuestro país.
En La Guajira, se encontraron irregularidades en celebración de los contratos de alimentación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por 1.400 millones de pesos.
Los depredadores de los recursos públicos, sucesores uno del otro son destituidos pero reemplazados sin mejoría alguna.
El más reciente depredador fue el exalcalde Fabio Velásquez, elegido en elecciones atípicas, candidato de los partidos de la U y Conservador, acusado por presuntas irregularidades con el contrato de alimentación de los niños escolarizados de estratos 1 y 2 de la capital de La Guajira.
A nivel departamental, dos depredadores: Oneida Pinto, candidata del partido cambio radical, investigada por dos contratos por $18.990 millones y de los cuales se sustrajeron, presuntamente, $6.591 millones para la campaña de la dirigente política a la alcaldía de Albania en 2011.
Y José María Ballesteros, sucesor de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, quien fue destituido e inhabilitado por 12 años por parte de la Procuraduría. Ballesteros es hijo del actual senador por el partido de la U Jorge Ballesteros Bernier y es acusado de irregularidades en un contrato por $17.500 millones para una investigación sobre el dengue que se firmó durante su gobierno.
Si bien es cierto que estos depredadores de recursos públicos se encuentran en la cárcel o vinculados a procesos penales, también es cierto que los partidos políticos que dieron los avales, no obtuvieron ninguna sanción por estos hechos. Una buena forma de combatir la corrupción será sancionar a los partidos políticos de los candidatos corruptos que se roban los recursos públicos.
La corrupción sumada a la falta de políticas públicas tienen hoy a la Guajira como el departamento con mayores índices de mortalidad infantil a causa de la desnutrición. Si queremos ayudar a la Guajira, debemos dejar de lamentarnos y exigirle al gobierno la implementación de políticas públicas que mejoren educación, salud y seguridad alimentaria.
Solo queda esperar que el Presidente Juan Manuel Santos escoja el reemplazo de Wilmer Gonzalez, entre la terna presentada por los partidos conservador y de la U, partidos que avalaron anteriormente a los depredadores de los recursos del PAE.
Reitero la necesidad de establecer un mecanismo de control eficaz directo por parte de la Contraloría en la vigilancia de la ejecución de los contratos de los recursos públicos destinados a los más vulnerables y la necesidad de fortalecer el mecanismo de contratación pública, una licitación reglada con estricta supervisión, previa a la infracción.
El 2016 fue el año con mayor registro de muerte de niños por desnutrición en la Guajira, otra cifra histórica en el gobierno de Juan Manuel Santos. Urge mayores recursos para educación, salud y seguridad alimentaria en la Guajira y menos recursos para complacer a los terroristas.
Una idea para el gobierno: la implementación de comedores comunitarios en las zonas más vulnerables, en donde los menores tengan garantizado al menos una comida al día. Pero para ello se necesita compromiso de los entes de control y del gobierno en la estricta vigilancia que los recursos para la alimentación lleguen a su correcto destino, y no se pierdan en el estrecho colador de los gobiernos locales.
Es paradójico, pero acabar con los depredadores es disminuir la probabilidad de desnutrición.
Comentarios