¿Qué sabemos de la seguridad en Medellín?

Por Sebastián Zapata Callejas

Una de las principales preguntas que deberíamos hacernos los antioqueños en relación a la institucionalidad imperante en Medellín y en general en el departamento de Antioquia, viene dada sobre si se ha ocultado o no a la ciudadanía algún tipo de acercamiento, pacto o acuerdo llevado a cabo entre el andamiaje público -especialmente el que tiene que ver con las últimas administraciones- y determinados grupos o estructuras delincuenciales.

Esta duda claramente se desprende del bochornoso episodio que se dio hace unos días, cuando el entonces secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Medellín fue capturado por presuntos nexos con la estructura mafiosa La Oficina de Envigado. Este escandaloso suceso aconteció porque supuestamente el ya mencionado funcionario participó en una serie de encuentros con grupos criminales, con el fin de disminuir el número de delitos en la ciudad. Sin embargo, es importante precisar que otras versiones apuntan a que los espacios solo representaron acercamientos exploratorios para consolidar un posible proceso de sometimiento a la justicia de actores, como sería el caso de la misma Oficina de Envigado.

Más allá de tal alarmante escándalo, si se hace memoria este tipo de capítulos de supuestas reuniones o hipotéticos arreglos -celebrados entre la misma delincuencia o la administración y los grupos delincuenciales-; no son extraños ni ajenos a la historia medellinense, por lo menos en el último tiempo.

Por ejemplo, bajo la administración de Aníbal Gaviria, concretamente en el año de 2013, se dio lo que algunos llamaron el “Pacto de fusil” o «Pacto de San Jerónimo», el cual se llevó acabo entre los Urabeños y la Oficina de Envigado. En este caso, la institucionalidad negó recurrentemente la existencia de dicho arreglo. Sin embargo, siempre estuvo presente en el ambiente la duda si algunos funcionarios tuvieron información o se hicieron los de la vista gorda sobre la realización de tal convenio.

Anteriormente, en la alcaldía de Alonso Salazar, también ocurrió un presunto pacto en el año 2010, entre las organizaciones de alias “Valenciano” y alias “Sebastián”- cabezas de las dos facciones de aquel entonces de La Oficina de Envigado-. Ahora, con dicho arreglo también surgieron dudas sobre qué tan informada estaba la administración municipal de lo que estaba sucediendo. De la misma manera, se dieron duros cuestionamientos sobre la legitimidad y, quizá, hasta la misma legalidad de la llamada “Comisión por la vida”, de la cual hicieron parte un grupo de ciudadanos que mediaron para dicha negociación.

No obstante, tal vez el marco más controversial y que genera más dudas en este asunto de los convenios criminales, se dio sin lugar a dudas en la llamada época de la “Donbernabilidad”. Dicho término alude al periodo en el que el ex máximo líder del crimen en la ciudad de Medellín, alias “Don Berna”, logró establecer un régimen paralelo para “mejorar” la seguridad ciudadana. Lo complicado de todo esto, fueron las versiones nunca verificadas o desmentidas en su totalidad, que se dieron respecto al rol que jugó el gobierno local durante la “Donbernabilidad”. Algunas de esas versiones aludían, por ejemplo, a que el alcalde por aquellos días, Sergio Fajardo- que dicho sea de paso quiere ser presidente- legitimó o, por lo menos, estuvo al tanto de esa gobernabilidad ilegal.

Ahora bien, lo realmente preocupante de este asunto es que bajo este manto de dudas de cómo funciona en realidad la seguridad en Medellín, se evidencia un claro poderío de las redes criminales, debido a que algunos grupos armados ilegales no solo son capaces de manejar a su gusto diferentes territorios urbanos- potestad que debería ostentar únicamente el Estado-, sino que aparentemente parece que han logrado enquistarse de manera directa o indirecta en el diario vivir de la ciudad y, con ello, en las instituciones públicas.

Por ello es que toda inacción, desatención o complacencia respecto a las organizaciones delictivas por parte de los actores gubernamentales encargados de velar por la integridad ciudadana no se debe tolerar en lo más mínimo. En este orden, es de suma urgencia exigirle más transparencia a las administraciones- a la actual y a las anteriores- acerca del tipo de relaciones que han establecido con los grupos criminales y, por fin, saber a ciencia cierta si se han omitido acciones contra los actores ilegales o se han ejecutado pactos con estos para mantener un “mejor” orden público.

Twitter: @sebastianzc