La paradoja de ser personero en Colombia

Por: Daniel Ayala Mora

En los distintos municipios de Colombia, la red de personerías está en cuidados intensivos. La problemática de seguridad que atraviesan los personeros, hace parte de una estadística anual en donde mas del 10% de funcionarios se ven obligados a renunciar a su cargo y en los casos mas lamentables, a morir en el ejercicio de su deber por falta de garantías.

En el ejercicio de nuestra labor, es de vital importancia incrementar los mecanismos de participación ciudadana como eje transversal que garantice el acceso al proceso de la gestión pública mediante la planeación, seguimiento y control de las actividades y proyectos de cada municipio o ciudad. Es la ciudadanía el motor de los procesos de cambio y los veedores de una democracia participativa que apoyan la gestión de las entidades garantizando el proceso meritorio de nuestros cargos por el trabajo realizado y no por otros aspectos que carecen de todo fundamento.

Las personerías requieren una mayor intervención y fortalecimiento por parte de entidades como la Procuraduría en representación del ministerio público, la Defensoría del Pueblo como garante y protectora de los derechos y, la Contraloría General de la Nación junto a las Contralorías Departamentales como veedores del tesoro público. No es posible llevar a cabo las tareas encomendadas por la Constitución y la Ley, cuando en municipios de quinta y sexta categoría la responsabilidad y actuación queda en manos de una planta de personal limitada y de su personero, enfrentándose diariamente a los manejos inescrupulosos de mafias corruptas y violentas que limitan o enlutan la batalla constante como garantes de la convivencia en los territorios.

Esto hace que la tarea de entidades como Fenalper, representen una oportunidad para generar unión, congregar a diferentes asociaciones de personeros, mantener vigente y con respeto el trabajo colaborativo que requiere esta profesión. Se necesita una entidad que, mediante la planeación, proteja la vida de los funcionarios y establezca objetivos de desarrollo en su formación y capacitación. Permitiendo así, que la meritocracia sea el criterio para asignar los cargos desde donde se construirá la Colombia que queremos y no mediante la asignación a dedo como en el Congreso se ha pretendido establecer en varios proyectos de Ley.

Existe una nueva generación de personeros y de funcionarios que trae consigo las motivaciones de una era joven con ganas de empoderar y transformar las personerías en el su ejercicio diario. Por ello, invito a todas las entidades y sus funcionarios a respaldar cualquier iniciativa que beneficie a los personeros de Colombia y a todo colombiano que mediante sus ideales quiera trabajar por un mejor país.

Es el momento de garantizar la vida de todos los funcionarios públicos que, como los personeros, trabajan día a día en pro de la comunidad. Invito al Gobierno Nacional para que fije su mirada en estas instituciones garantes de derechos y legitime la legalidad, emprendimiento y equidad de quienes encabezan las personerías de las diferentes ciudades y municipios dentro de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND).