Por: Daniela NiñoUn grupo de personas de menos de 35 años, entre estudiantes, técnicos y profesionales de distintas áreas, en distintas regiones del país, tomaron la decisión de reciclar una figura de participación poco utilizada por la generación de los millenials, la de la conocida Veeduría Ciudadana, con la intención de encontrar espacios de discusión de los asuntos públicos distintos a las redes sociales o a los académicos, los cuales pueden terminar siendo excluyentes cuando aterrizamos en la realidad y nos damos cuenta que éstos siguen siendo, en la actualidad, espacios de privilegio.
Con sede en Bogotá, pero también con sedes operativas en Santa Marta y Cali, intentan materializar su Plan de Acción en el que se prioriza un control ciudadano propositivo a la gestión pública de las autoridades frente al Cambio Ambiental Global, la reivindicación de derechos de todos los grupos poblacionales históricamente relegados por el sistema político y el fortalecimiento del sector productivo como aportante a la transformación del país, bajo una premisa; cero tolerancia con la corrupción.
Dicen que no tienen miedo a hablar de política y que no trabajan para llevar a la cárcel a nadie, pero que las entidades de control y la Fiscalía van a recibir mucha información de sus investigaciones porque no se le debe favores a nadie. Se financian gracias a sus miembros y argumentan que no hay tasas fijas de contribución. “Quien puede este mes pone cincuenta mil pesos, así como hay quienes ponen un millón o pagan algún recibo de internet, pero la voz es la misma y ninguno de los que trabajamos hasta ahora cobra un solo peso, pero dormimos más tranquilos sabiendo que no estamos volteando la mirada a la situación del país”.
Con una estrategia de “simplificar el lenguaje”; pretenden que las personas tengan una opción independiente de acceso a información objetiva, apoyo técnico y jurídico, y que con esto se fomente y fortalezca el control que la ciudadanía hace sobre las políticas y recursos públicos y lo termine asumiendo como un compromiso de civismo.
Siguiendo su plan de acción, se encuentran con el “ojo puesto” en la función de las Corporaciones Autónomas Regionales especialmente en las CAR del Caribe y del Pacífico, y en los Concejos de las 15 principales ciudades de Colombia con la intención de construir un informe sobre su operatividad y eficiencia, pues han encontrado que en muchos casos es sistemático el comportamiento de miembros de éstas, en los que nada más con la asistencia se estarían presentando inconsistencias, pues, por ejemplo, “se estarían pagando honorarios a Concejales por llegar y decir presente en una sesión y terminarla de manera inmediata”.
Desde Unidos Por Colombia dicen saber que la tarea que se viene para la organización es dura e incluso peligrosa, pues este tipo de control lleva implícito ser una molestia para personajes muy poderosos y cuentan que, a las dos horas de presentar su primera petición de información a una Corporación en el Caribe, recibieron mensajes en los que les hablaban de la importancia de “mantener el oxígeno en el cuerpo”, pero que los efectos de esto han sido los de motivar más al equipo. Efectivamente, no será fácil por lo fortalecido que se encuentra ese sistema ilegal de quienes se apropian de lo público en los territorios, pero, sin duda alguna, resulta esperanzador que la ciudadanía se active y organice para defenderse del cáncer de la corrupción que hace metástasis en Colombia.
La organización espera convertirse en el equipo en todos los territorios de Colombia, de quienes evidencien actos de corrupción y no saben o no pueden denunciar y acompañar a personas y organizaciones en todas las etapas de divulgación y activación formal de los mecanismos judiciales que se requieran, si así lo quieren. Finalmente, Ana Pereira, subdirectora, afirma que están abiertos a recibir cualquier denuncia o solicitud de apoyo, incluyendo capacitaciones en mecanismos de control ciudadano, al correo veeduriaunidosporcolombia@gmail.com
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