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En “Así Habló Zaratustra”, Nietzsche plantea la noción del “eterno retorno”. De las tantas interpretaciones que se pueden desprender del concepto, el filósofo sugiere que todo en el universo, incluso nuestras vidas y acciones, se repite infinitamente en ciclos eternos. Paralelamente, en el ámbito de la seguridad ciudadana, resurge una y otra vez la propuesta de militarizar las ciudades (sin ninguna otra alternativa) como una respuesta recurrente y combativa contra el aumento del crimen y la inseguridad.

Este ciclo, impulsado por la demanda política de nuevos gobiernos y una tendencia hacia políticas de mano dura, requiere mantener la presencia militar en las calles, asumiendo progresivamente responsabilidades adicionales en el marco de la prolongada securitización. Ejemplos como los de El Salvador, Ecuador y, particularmente, México con el caso de la Guardia Nacional, explican cómo una excepción podría convertirse en norma. Aunque la medida ha sido elogiada por muchos, no debe considerarse como una solución a largo plazo y, mucho menos, como una solución suficiente o definitiva.

La estrategia de militarización ha desencadenado violencia en algunos casos, afectando especialmente a aquellos individuos que han sido sistemáticamente excluidos de la garantía de seguridad. La militarización es un proceso mediante el cual los gobiernos civiles convocan a los cuerpos militares para intervenir en asuntos que naturalmente les son ajenos, ampliando gradualmente su esfera de influencia. Esta dinámica de actuación implica, por un lado, la transferencia de facultades tradicionalmente civiles a las Fuerzas Militares y, por otro lado, la resolución de problemas mediante el privilegio de lo militar a la hora de abordar asuntos públicos.

Esto se manifiesta, por ejemplo, en el control del tránsito en zonas urbanas, puestos de control, registro a ciudadanos y la presencia de unidades militares en ciudades y perímetros urbanos, entre otros aspectos. En Colombia, se presentan dos fenómenos simultáneos, cuya intensidad varía según la región y el sector político predominante, y que a menudo pasan desapercibidos ante el estruendoso telón de fondo del conflicto armado. Estos fenómenos son la militarización indirecta del servicio de Policía y la policialización de las tareas asignadas a las Fuerzas Militares.

Actualmente, observamos que las Fuerzas Militares participan en operativos conjuntos en contextos urbanos a través del concepto de apoyo de la defensa a la autoridad civil y, en contextos de superación de capacidades, mediante la asistencia militar establecida en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta disposición fue ratificada como exequible por la sentencia C-100/22 de la Corte Constitucional. En esta decisión, la parte demandante alegaba que la asistencia militar no se distinguía del estado de conmoción interior, citando eventos precedentes como el 21N en 2019, el toque de queda por COVID-19 en 2020 y, especialmente, el paro nacional en 2021.

En Colombia, particularmente desde finales del siglo XX, las políticas de seguridad se han centrado en la lucha contra el narcotráfico y grupos armados ilegales, otorgando amplios poderes a la Policía y las Fuerzas Militares. Esto ha fusionado los asuntos de seguridad ciudadana con los de seguridad pública y nacional, desplazando así las estrategias de prevención del delito y la gestión comunitaria. Este enfoque ha generado una política que promueve la militarización de la seguridad y la vida social, con el riesgo asociado de criminalizar y poner en peligro los Derechos Humanos. No obstante, el desafío también reside en territorios donde persiste el conflicto armado, y la gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana por parte del servicio de Policía se ve bastante compleja y superada por la convergencia criminal entre estructuras de crimen organizado, guerrillas y paramilitares.

Finalmente, la policialización no elimina la militarización, ya que continúa abordando los problemas como amenazas que deben ser enfrentadas. Sin embargo, en sentido estricto, los patrullajes conjuntos entre la Policía Militar (PM), la Policía Nacional y otros actores institucionales en contextos urbanos no deben ser descritos exegéticamente como “militarización”, siempre y cuando estén regulados por las normatividades específicas y, a su vez, sean focalizados, temporales y respetuosos de los Derechos Humanos.

Adenda1:
La reciente controversia en el concejo de Cali entre Andrés Escobar y Ana Erazo se centró en el militarismo civil. La postura de algunos concejales a favor del involucramiento de militares como respuesta, o aquellos que no los consideran como recursos estratégicos o capacidades, constituye un error común y equivale a percibir la seguridad como un juego de suma cero.

Adenda 2:
En una reciente investigación (2023), el profesor del CESED de la Universidad de los Andes, Michael Weintraub, y Robert Blair realizaron una evaluación experimental de patrullajes aleatorizados por parte de la Policía Militar adscritos al Batallón de Policía Militar No.3 (BAPOM No.3) en las comunas 18 y 20 en Cali. Los resultados indicaron que hubo poca o ninguna evidencia de que el programa redujera el crimen o mejorara la percepción de seguridad de los ciudadanos.

Adenda 3:
En el libro “Memorias Militares”, el General (r) Mora señalaba que una de las “peores cosas” que le pudo pasar al Ejército en el marco del conflicto armado fue el concepto de orden público y patrullaje… ¿tendrá razón el General?

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Abogado, asesor en asuntos de paz, desarrollo y gobernanza

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