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Cuando un caso de presunta corrupción estalla y se vuelve público a través de medios o redes sociales, recordamos la existencia de esta práctica social que genera malestar, descontento y nos hace renegar una y otra vez del Estado, de la función pública y, por consiguiente, de sus funcionarios. La forma en que los funcionarios se involucran en prácticas corruptas en el Estado es una relación ambigua de aparente transparencia y ocultamiento de interacciones entre políticos, servidores públicos, empresas, empresarios, ciudadanos y organizaciones, estableciéndose una relación social densa, donde muchos señalan “así es el juego”.

En 2022, Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), indicando que el país sigue enfrentando serios problemas en materia anticorrupción. Su posición en el ranking descendió, pasando del puesto 87 al 91 entre los 180 países evaluados. Como expresaría Fernando Vallejo, esta situación genera una especie de desazón suprema con efectos devastadores sobre la confianza ciudadana.

Entre los diferentes significados, los estudios sobre corrupción la describen como un fenómeno social denso o de alta densidad. Es decir, hay una relación social densa cuando interactúan otros individuos y persiste una profunda relación de reciprocidad en un contexto relativamente estable, institucionalizado y repetitivo. En el contexto colombiano, la corrupción se presenta sin adherirse a ideologías y no se limita a un único sector; en el que la mayoría de las denuncias se originan en el ámbito público. A pesar de ello, también se manifiesta en el sector privado y en organizaciones de la sociedad civil, utilizando tanto reglas formales como informales, así como estrategias y artimañas especializadas para evitar que algunos de sus participantes sean capturados.

Según el resumen del estado de denuncias que hace la Secretaría de Transparencia relacionadas con la corrupción, se registran un total de 57,582 casos entre los años 2010 y 2023. De este total, el 93.99% no ha resultado en condena, el 89.7% no ha llevado a captura, y el 77.15% está actualmente en fase de indagación

Ahora bien, lo que conviene analizar es la forma en que este fenómeno se desarrolla, extendiéndose como tentáculos con el propósito de apoderarse de recursos económicos, corromper funcionarios y personas, crear reglas informales y aprovecharse de las ventajas normativas. En el país, desde varios años, se ha venido escuchando acerca de presunta financiación ilegal a campañas políticas, sobornos multinivel en coordinación con entidades del Estado, congresistas y funcionarios. También se han mencionado acuerdos con la judicatura para el favorecimiento de decisiones judiciales.

Estos hechos evidencian la complejidad y gravedad de las problemáticas que afectan la integridad del sistema político, electoral, judicial y, ahora también, del ámbito de la construcción de paz. Casos emblemáticos como Reficar, Interbolsa, Odebrecht, Agro Ingreso Seguro, carrusel de la contratación y, recientemente, Ocad Paz ilustran lo que podría denominarse corrupción sistémica. Esta forma de corrupción se entiende como una relación social que carece de incentivos para cambiar y resulta difícilmente reducida o controlada mediante esfuerzos normativos o marcos regulatorios.

La paradoja radica en que la corrupción no es, como a veces se piensa, simplemente un acto aislado realizado por individuos que hacen cálculos para beneficio propio y de manera individual. Cuando la corrupción se entrelaza en una serie de acciones que forman parte de una relación social, nos referimos a una red de acuerdos, interpretaciones y símbolos compartidos socialmente por diversos actores. Esta red construye la base para una serie continua y extensa de comportamientos orientados hacia la corrupción, atrapando finalmente a otras personas, ya sean ciudadanos o usuarios de servicios públicos.

La efectiva lucha contra la corrupción requiere una sólida articulación institucional, un enfoque arraigado en los Derechos Humanos, el fortalecimiento de capacidades para perseguir y sancionar, así como la protección a los denunciantes. Además, es crucial consolidar canales de denuncia eficaces, asegurar la disponibilidad presupuestal a largo plazo y explorar el potencial de herramientas disruptivas como sistemas de inteligencia artificial, análisis de big data y blockchain. Estas medidas integrales son fundamentales para abordar las problemáticas asociadas a la corrupción y promover una gestión pública transparente y responsable.

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Abogado, asesor en asuntos de paz, desarrollo y gobernanza

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