El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un problema estructural: la brecha entre el discurso y la acción en la gestión pública. Este fenómeno no es exclusivo de su administración, sino que refleja dinámicas más amplias de gobernanza en sistemas políticos donde las capacidades institucionales no siempre están alineadas con las intenciones normativas de los líderes.
Desde la perspectiva de la teoría institucional de March y Olsen, las instituciones no son meras estructuras formales con reglas explícitas, sino sistemas normativos y culturales en los que la estabilidad y la predictibilidad juegan un papel central. La divergencia entre la retórica progresista del gobierno y su capacidad de toma de decisiones sugiere que el Ejecutivo no ha logrado transformar las normas organizacionales del aparato estatal para adaptarlas a su proyecto político. En este sentido, la brecha entre intención y resultado no es solo una cuestión de voluntad política, sino un reflejo de los límites impuestos por las instituciones y la cultura organizacional del Estado.
El caso del sector defensa es particularmente ilustrativo. La designación del general (r) Pedro Sánchez como ministro de Defensa rompe con una tradición de liderazgo civil que se había mantenido por más de tres décadas, una medida que incluso gobiernos con una agenda de seguridad más militarizada habían evitado. La teoría de la gobernanza civil-militar, ampliamente estudiada por Samuel Huntington y Peter Feaver, sostiene que la subordinación de las Fuerzas Militares al poder civil es un principio fundamental para la estabilidad democrática. En este contexto, el nombramiento de un exmilitar al frente del Ministerio de Defensa plantea interrogantes sobre la autonomía del sector y la preservación de un control civil efectivo. Además, podría sentar un precedente que futuros gobiernos de derecha aprovechen para consolidar una mayor influencia militar en la conducción del sector.
La cultura militar se distingue por su rigidez jerárquica y su apego a tradiciones normativas y rituales profundamente arraigados. La llegada de un ministro que proviene de la misma estructura organizativa que debe dirigir supone un desafío a la legitimidad de su autoridad, ya que el respeto dentro de las Fuerzas Militares no solo se otorga por la antigüedad, sino también por el rango en la jerarquía institucional. Esto implica que, aunque Sánchez cuente con un mandato formalmente legítimo, su capacidad para transformar la doctrina estratégica y operacional podría verse limitada por normas informales que condicionan la toma de decisiones.
Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en estudios sobre liderazgo y cambio organizacional. John Kotter argumenta que las transformaciones dentro de estructuras burocráticas requieren no solo una visión clara, sino también una estrategia de gestión del cambio que permita la reconfiguración de valores, prácticas y creencias dentro de la organización. La falta de estabilidad y dirección estratégica en el sector defensa, evidenciada en los constantes cambios en la cúpula policial y militar, sugiere que el gobierno enfrenta serias dificultades para implementar un modelo de seguridad coherente con sus postulados iniciales. Esto no solo genera incertidumbre dentro de la Fuerza Pública, sino que también debilita la confianza institucional en la conducción política del sector. Cabe recordar que el gobierno impulsó el debate sobre trasladar la Policía Nacional a un ministerio distinto al de Defensa, una reforma que finalmente no se materializó.
Lo que está en juego no es solo la tradición de ministros civiles en Defensa, sino también la credibilidad del propio Petro y de la izquierda en su discurso sobre la subordinación militar al poder civil. En su programa de gobierno, el presidente prometió “consolidar el principio constitucional de la prevalencia de la autoridad civil sobre la militar”. Hoy, esa promesa se convierte en una contradicción flagrante.
Finalmente, Es innegable que el general Sánchez demostró un liderazgo notable en la operación de rescate de los niños indígenas perdidos en la selva del Amazonas, un logro significativo en su carrera. Sin embargo, ahora enfrenta un desafío de una naturaleza completamente distinta: liderar una Fuerza Pública con dinámicas institucionales complejas, desafíos estratégicos pendientes y capacidades operativas reducidas, además de gestionar posibles controles políticos en el Congreso y enfrentar crisis recurrentes en un país donde la seguridad sigue en vilo. Su éxito dependerá no solo de su experiencia operacional, sino también de su capacidad para desenvolverse en un entorno donde el poder militar y el civil deben mantenerse en equilibrio. Le esperan retos enormes. Los mejores deseos al general, pues el país no puede permitirse más errores en este frente.
P. D. En 2022 participé en un taller que llevaba el nombre de esta columna, organizado por la Universidad CIDE y la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). En aquel entonces, los expositores—expertos en paz, seguridad y política pública—insistieron en la importancia de mantener el mando civil sobre la Fuerza Pública. Para ellos, no se trataba de un simple principio democrático, sino de una necesidad estratégica para evitar la erosión institucional y garantizar una conducción política de la seguridad basada en el Estado de derecho y no en la lógica castrense.
En ese momento, admito que comprendía el argumento solo a medias. La insistencia de los especialistas en la separación entre el poder civil y el militar me parecía válida, pero no alcanzaba a dimensionar completamente su relevancia en la práctica. Hoy, viendo la realidad colombiana, lo entiendo con absoluta claridad.
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