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Casi la mitad de los colombianos ve en las instituciones públicas una crisis de valores. El 43% cree que la ausencia de valores éticos influye en las prácticas irregulares de la administración pública según la encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional del DANE en 2018. Le siguen en la lista la falta de controles (13%) y la falta de sanciones (9%) a dichas prácticas anómalas y promotoras de la corrupción.

Hace poco se conoció una situación que por su relevancia debe ser imitada en la función pública colombiana por sus efectos en lo individual, lo institucional y lo social. Se trata de la renuncia a un proceso de selección, de una abogada y contralora delegada (quien en un concurso público y de méritos quedó seleccionada entre 20 candidaturas de 230 de todo el país) para aspirar a Contralora General de la Nación, uno de los cargos más importantes de Colombia para combatir la corrupción.

La abogada (esposa de un posible candidato a la Alcaldía de Bogotá por el partido de Gobierno) estando en el proceso de selección renunció por ética, porque el cargo de Contralor General de la Nación requiere de alguien independiente al poder ejecutivo. Nunca se encontró inhabilitada y tampoco presentó un conflicto de intereses, pero su renuncia se convirtió en una lección de integridad que urge aprender por la mayoría de los políticos y funcionarios públicos de Colombia. ¿Por qué?

Primero, porque es un ejemplo a seguir para todos los aspirantes y servidores de la función pública. Demostró que el interés general debe estar siempre por encima del interés particular. Desde el punto de vista individual, la abogada alineó sus valores éticos con el interés público, convirtiendo su renuncia en una práctica que denota su talante de integridad y transparencia.

Segundo, porque es imposible vencer la corrupción sin un marco de referencia ético. La reforma hacia un Estado más transparente también se aborda identificando los riesgos para la integridad de las organizaciones y los servidores públicos. Toda acción íntegra y transparente de un funcionario(a) fortalece el Sistema Nacional de Integridad, facilitando la institucionalización de la ética y enviando un mensaje de freno hacia las conductas indebidas de los servidores públicos.

El 43% observa una crisis de valores éticos en la administración pública y el 80% desconfía de los poderes públicos del Estado colombiano.

Según Latinobarómeto (2018) en Colombia la confianza institucional fue del 23% para el poder judicial, del 22% para el gobierno, del 20% para el congreso y del 14% para los partidos políticos. Calculando que cerca del 80% desconfía de los poderes públicos del Estado, poner en práctica la ética pública sirve para reforzar los valores en una sociedad cada vez más desconfiada como la colombiana.

Y tercero, porque el cambio no solo es político y legislativo, sino también debe darse desde la conducta y el pensamiento. El ejemplo de integridad de la abogada conduce hacia una conciencia social que invita a la ciudadanía a expandir su interés por la lucha anticorrupción y a preocuparse por los actos indebidos de sus servidores públicos. Le demostró a un país desesperanzado que con ética pública se le puede dar la pelea a la corrupción.

@JavierUrreaC

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Politólogo y consultor. Asesor en asuntos de gobierno abierto, ciberciudadanía y democracia digital. Activista por los colombianos en el exterior. "La política debe ser algo sexy".

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