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Colombia realmente no aguanta más la tragedia de los secuestrados. Por un lado las familias aun sufren el dolor de ver a sus seres queridos tratados como animales en los campos de concentración del grupo terrorista más inhumano de este hemisferio. Por el otro, la nación y su institucionalidad se ven afectadas seriamente por la situación generada con los secuestrados y su liberación. Por más que los colombianos que creemos en la política de seguridad democrática respaldemos al presidente Uribe, hay una porción de la opinión nacional y una gran parte de la internacional, que es la más preocupante, que piensan que el gobierno no está haciendo lo suficiente para negociar una liberación. A esto se le suman las estrategias políticas de naciones y líderes interesados en lucrarse de la tragedia Colombiana: Chávez, La unión Europea y hasta los precandidatos demócratas en las próximas elecciones norteamericanas. Todos justificando de una u otra forma su crítica constante al gobierno en lo que llaman “la falta de garantías” o “La falta de voluntad”. Pocas voces a nivel internacional han sido tan contundentes en criticar al verdadero culpable de esta tragedia, las FARC, como lo han sido las que critican al gobierno de Uribe, cuestionando hasta la legitimidad de nuestra democracia. Lo triste es que voces internas ayudan a sembrar esta incertidumbre, cuando frente a un asunto tan delicado como este todos los colombianos deberíamos estar rodeando a nuestro estado, a nuestro presidente, frente al único enemigo común que tenemos: Las FARC. Es que es posible, entendible y además necesario que haya diferencias en el campo político, económico, social, etc.… Pero a las naciones se les reconoce su altura y cohesión cuando unidas, gobierno y oposición, sociedad civil y estado, fuerzas militares y Organizaciones no Gubernamentales, se unen en torno al estado de derecho para defenderse del enemigo común de todos.
La complejidad de este tema, sin embargo, hace pensar necesarias muchas reflexiones sobre la estrategia a seguir. Un hecho es claro y es que este tema de los secuestrados de la guerrilla ha sido heredado por el gobierno de Uribe, debido a la debilidad de las administraciones anteriores en enfrentar el problema. La política de seguridad del actual gobierno ha evitado que el numero de secuestrados crezca y ha permitido que el ejército y la sociedad que este representa hayan vuelto a tomar control del país. Sin embargo, dicha política se ha demostrado totalmente ineficaz para solucionar este problema específico. Ante esta realidad, el gobierno y los Colombianos debemos pensar en estrategias diferentes para lograr la liberación de los secuestrados, que se ha convertido sin lugar a dudas en el asunto más delicado de la administración Uribe y lo que más ha quebrantado la imagen del país a nivel internacional, algo que puede poner en peligro los avances del gobierno en todos los otros frentes y el nivel de confianza que poco a poco ha ganado el país en el exterior.
Una de esas estrategias es obviamente concentrar recursos militares y tecnológicos en lograr la liberación por medio del rescate. Hasta ahora sus resultados han sido bastante decepcionantes, básicamente porque el ejército tiene todas las de perder. En el mejor de los casos la guerrilla tiene los secuestrados en Colombia, Lo que cada vez parece menos probable. Además, la dificultad para rastrear y lograr un rescate seguro de los secuestrados es casi que infranqueable.
La segunda estrategia es aceptar la negociación de la liberación bajo las condiciones de las FARC. El gobierno de Uribe ha sido bastante eficaz en desenmascarar muchas de las farsas de este grupo terrorista, y eso ha hecho mella en su imagen a nivel nacional e internacional, pero la realidad es que las FARC han demostrado que su imagen les importa poco, como poco les importaba a los carteles de la droga y a otros grupos terroristas y delincuenciales en Colombia y el mundo. Lamentablemente es el gobierno y el pueblo Colombiano los que al final sufrirían las consecuencias de un desenlace negativo en esta historia de los secuestrados, y ni hablar del dolor de los familiares que están sufriendo por sus padres, madres, hermanos, amigos, hijos, etc. y su suerte. Aceptando las condiciones, que las FARC ha planteado como imposibles de aceptar por el gobierno de Uribe, El presidente le estaría dando una estocada a la guerrilla y los obligaría a poner sus cartas en la mesa. Igualmente aquellos que critican al gobierno internacionalmente, léase Chávez y algunos miembros en la unión europea, no tendrían más remedio que poner toda la presión a las FARC para que cumplan su palabra ya que les han dado lo que pedían. El gobierno puede aceptar el despeje, verificado por una fuerza internacional de paz y con total control de las fronteras de dicha zona, para garantizar que solo sea utilizada para la negociación y liberación. Dicha zona debe tener un límite claro de tiempo, razonable para las partes, y debe estar claramente controlada por el estado a través de servidores civiles. No se trata de entregar el control a la guerrilla como hace 14 años lo hizo el gobierno del presidente Pastrana, se trata de crear una zona neutral de negociación para un elemento muy específico: La liberación de los secuestrados y el intercambio humanitario. No se trata de negociar acuerdos de paz, concesiones o ningún otro tipo de políticas. Es por ello que es posible hacerlo en un tiempo corto, el necesario solamente para definir la manera como el intercambio se llevara a cabo, el sitio y la fecha, nada más.
Una vez logrado el objetivo, la política de seguridad democrática continuara su aplicación y los Colombianos habremos logrado resolver uno de los desafíos más complejos de nuestra historia. Al menos es la esperanza de quien escribe estas palabras y, estoy seguro, de toda una nación que, como dije al principio, no resiste más la tragedia de los secuestrados
 

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