Que no sigan matando a nuestros líderes

Quizás por primera vez la sociedad civil colombiana ha mostrado su rechazo, aunque todavía tímido, frente al preocupante aumento en los asesinatos de líderes sociales a manos de grupos ilegales. Los cálculos pronostican que aún sin haber terminado 2016, el año de la paz, han sido asesinados más activistas que en 2015, donde se estima que más de 60 líderes murieron por cuenta de la violencia.

La matanza aparentemente sistemática del pasado fin de semana, en donde tres líderes de izquierda fueron asesinados en los departamentos del Meta, Caquetá y Nariño, dejó claro que en los territorios más golpeados por el conflicto armado la tarea de construir paz requerirá de medidas de protección excepcionales para todos los activistas que enfrentan riesgos y amenazas contra sus vidas.

La situación se vuelve aún más preocupante si se tiene en cuenta que los líderes de izquierda y los defensores de la restitución de tierras han sido los más afectados por esta preocupante ola de violencia, que todas las pistas indican que proviene del resurgimiento de grupos armados de extrema derecha. Uno de los mayores retos de la implementación de las políticas del acuerdo de paz será precisamente la protección de todos los defensores de causas, sin importar la orilla desde la cual participen, entregando especial prioridad a quienes estén ubicados en zonas de riesgo.

En días recientes, la discusión sobre la entrega de esquemas de protección ha sido atendida con particular controversia, luego de los abusos de tantos jefes políticos que parecen entender los servicios de protección como un privilegio necesario de ostentar. Y el tema genera indignación entre la ciudadanía, que casi a diario sufre los atropellos de los escoltas que alteran el tráfico para que sus protegidos lleguen a sus destinos más rápido que las demás personas. Los servidores públicos deberían dar un mejor ejemplo.

Pero el facilismo con el que algunos han propuesto la eliminación de cientos de esquemas no es una solución aterrizada para la difícil tarea que para el Estado representa la protección de una cantidad inmensa de líderes políticos y activistas con preocupantes niveles de riesgo.

El reto más grande que enfrentan las entidades estatales en ese sentido será lograr la cobertura de los servicios de protección para los líderes amenazados a lo largo del territorio nacional. Las garantías no deben ofrecerse exclusivamente en las grandes ciudades, sino también debe ser garantizado el derecho a la vida de los activistas en los municipios más alejados de Bogotá. Allá, donde el conflicto es una realidad.

El monstruo de los grupos armados de ultraderecha, que se había presumido dormido por largos años, ha vuelto a mostrar señales de su presencia y de su intención de obstaculizar el logro histórico de la paz. Por eso el Estado debe utilizar todas sus herramientas para desmantelar estas nuevas redes de violencia y garantizar que quienes en las labores del activismo han asumido niveles de riesgo, tengan plenas garantías de seguridad. El reto para la institucionalidad será aún mayor cuando los más de diez mil guerrilleros de las Farc regresen a la vida civil. La paradoja de la muerte para quienes le apuestan a la paz es un lastre histórico que en Colombia no se puede repetir.