Por: Juan David Escobar Cubides
La política fiscal es una disciplina de la política económica que se encarga de estudiar la regulación del gasto público, esto es, el ingreso y el egreso de un Estado según su presupuesto. Pero, para hablar de política fiscal primero debemos dar un breve concepto sobre qué es una política económica. Por esto comprendemos un conjunto de medidas, acciones y decisiones administrativas, que asume cada gobierno dentro de un ámbito específico de la economía. Es así como entendemos que las políticas fiscales están íntimamente ligadas con la política económica que traza un Estado determinado, de tal manera que no son excluyentes entre sí. Luego, las políticas fiscales se dividen en dos: política fiscal expansiva y política fiscal contractiva. Ambas tienen sus pormenores.
La política fiscal expansiva propende por un aumento del gasto público y una disminución en los impuestos o una combinación de ambas. Esto puede ser negativo porque un Estado que se limita a gastar sin generar un equilibrio proporcionado con el recaudo, incurre fácilmente en la quiebra. Cuando se gasta irresponsablemente y no se reciben ganancias, el resultado se traduce en un derroche desmesurado. Además, ello también puede generar una mayor inflación que golpea a los ciudadanos. Por otra parte, no es factible garantizar los derechos sociales indispensables en cualquier país careciendo de un ingreso público apropiado, dado que desde la lógica económica la educación, la salud y la vivienda no pueden ser en su totalidad gratuitas; ni en los países con mayor desarrollo económico.
La política fiscal contractiva es la antítesis de la anterior, de tal manera que propende por una disminución del gasto público y un alza en los impuestos. Lo cual también es negativo, pero en dimensiones mayúsculas porque el Estado no puede, ni debe, asfixiar a los ciudadanos con una carga tributaria encumbrada. No es proporcional que se disminuya el gasto público para subir impuestos a los empresarios, a la clase media, y a los menos favorecidos. Esto sencillamente paraliza la calidad de vida, el emprendimiento, la rentabilidad y productividad de las empresas, la libre inversión y la generación de empleo, toda vez que se trata de una medida que golpea fuertemente a todos los sectores sociales de un Estado.
Ahora bien, para el desarrollo armónico de cualquier país creemos que no es conveniente aplicar una política u otra (expansiva o contractiva) exclusivamente, pues observamos que ambas son nocivas para la democracia. No obstante, es factible echar mano de ambas de manera conjunta, en la medida en que puedan confluir con los aspectos netamente positivos.
¿Y esto cómo lo logramos? Primero, debe generarse un equilibrio racional entre el gasto público y los impuestos, donde los recursos gastados se correspondan con lo que se ha recaudado. Segundo, debe ponderarse la prioridad de los derechos, donde se asignen mayores recursos para programas sociales de mayor relevancia en la sociedad. Si así ejecutaran cualquier política fiscal, el progreso económico de todos los países fuera vigoroso.
Comentarios