Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.

La problemática les está quedando grande a las autoridades, dice Angélica Mayolo, estudiante javeriana de Cali.

Angélica Mayolo Obregón.jpg

Por Angélica Mayol Obregón, estudiante de Derecho de la U. Javeriana, de Cali.

Imparable es el crecimiento de la población asentada  en Zaragoza, hoy ciudad del oro, a escasos 20 minutos de Buenaventura.

En busca de conseguir recursos para mitigar los gastos de subsistencia más de 8.000 personas desarrollan a diario actividades de explotación minera en este territorio, que se ha convertido, después del puerto, en la segunda fuente de empleo de la ciudad, lo que deja ver que un número bastante considerable de personas depende económicamente de la mina.

Lo que hasta hace un par de años era una  invisible población rodeada de caseríos, pasó a ser una pequeña ciudad donde se encuentran restaurantes, comercio, bares, prostitución y lastimosamente un foco latente de violencia.

Más de 15 asesinatos en un año lo demuestran, la lucha territorial y por el oro generó una cultura de violencia en el sector, donde la capacidad de extracción del mineral está por encima del derecho fundamental primario.

Tener una retroexcavadora en Zaragoza, hoy da más rentabilidad que el famosísimo DMG, lo que explica que cientos de foráneos hayan decidido venirse a Buenaventura e introducir maquinaria para la explotación minera.Lo indignante de la situación es que los nativos reciben insignificantes recompensas por su trabajo, ante las grandes sumas que recaudan los propietarios de estas máquinas.

Por otro lado, el panorama ambiental es aún más desalentador, el deterioro del río Dagua es evidente, pues como consecuencia de la exploración se le desvió el cauce y se contaminó considerablemente, afectando incluso las cuencas de sus afluentes que se encuentran en una reserva natural.

Además es indispensable mencionar que todo este impacto negativo ambiental afecta la bahía de Buenaventura. 
Pero, ¿cuáles serán las medidas que tomarán las autoridades distritales, departamentales y nacionales para solucionar esta problemática social, económica y ambiental? Ni siquiera ellas lo saben.

Mientras el Alcalde de la ciudad y el gobierno nacional le apuestan a la legalización de estas operaciones, algunas autoridades departamentales y la sociedad portuaria se oponen a ello.

Lo cierto es que la problemática se agudiza cada vez más y las autoridades competentes aun no toman medidas de alta incidencia, lo que demuestra que tanto a la administración distrital, a la departamental como al gobierno nacional, especialmente al Ministerio de Minas y Energía el caso Zaragoza LES QUEDÓ GRANDE, o mejor dicho, se les creció el enano.

Compartir post