GOBIERNO SIN TIC

Los cambios generados por la expansión de las TIC afianzan, en algunas partes, las viejas ideas de gobierno que manda y gobernados (súbditos), que sólo esperan la gracia del Estado sobre sus vidas… aunque mucho se repite eso de la «participación democrática».

Entre el desarrollo alcanzado por los países del Norte de Europa, Corea y Norteamérica y la situación de Africa y Latinoamérica subsiste la famosa brecha. Igual que entre las zonas urbanas y las rurales y entre segmentos de población con ingresos desiguales.

Las precarias estadísticas existentes, ubican a Colombia por debajo de la media sin que haya hechos que muestren una tendencia a la mejoría; aunque son evidentes el vertiginoso crecimiento de la telefonía móvil, la decadencia de la telefonía convencional y la creciente demanda social de acceso a Internet.

En un par de estudios puntuales efectuados en Bogotá entre estudiantes de 4 universidades y de 12 colegios distritales), se identificaron, entre otros hechos relevantes, una marcada preferencia por los café-Internet sobre las aulas de informática (por lo general insuficientes, mal equipadas y con servicios deplorables) y la utilización masiva del servicio de llamadas callejeras.

La sociedad por su lado, frente a la indiferencia (cuando no la franca oposición) de los gobiernos busca allegar los recursos tecnológicos que requiere para avanzar. Si la oferta formal no atiende satisfactoriamente esas necesidades, otras ofertas serán acogidas para no frenar el ritmo de la producción social.

Un obstáculo grande para el desarrollo TIC se encuentra en la carencia de políticas públicas efectivas, en el predominio de esquemas obsoletos de dirección, en el enorme atraso de las entidades públicas respecto de la misma sociedad que pretenden gobernar y, en particular, de los sectores creadores de riqueza.

La Agenda de Conectividad que surgió como instancia para impulsar el «ingreso» del país a la Sociedad Informacional se ha convertido, en la práctica, en una agencia propagandística del Gobierno, que sirve intereses no compatibles con los ciudadanos.

Por su parte, el Distrito Capital carece de políticas que, a partir del estudio de las realidades concretas de la ciudadanía, formule e impulse programas de desarrollo TIC que cubran no sólo la administración pública sino, lo que es esencial para el crecimiento económico y la equidad social, todos los sectores sociales y, especialmente, aquellos cuyo desempeño incide en la creación de riqueza.

De poco o nada vale que los organismos oficiales se esfuercen por equiparse para brindar sus servicios por Internet si esos esfuerzos no redundan en respuestas concretas a las necesidades e intereses de la comunidad y no fomenta, efectivamente, los procesos de crecimiento económico, productividad, competitividad y equidad social. 

El impacto de las herramientas tecnológicas en la administración pública no representa nada, en términos de gobierno digital si no se vincula a la sociedad civil, a los sectores productivos y educativos, a la opinión pública y a las comunidades más que como simples receptores como agentes activos de sus propias dinámicas económicas, políticas y culturales.

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