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Deja
mal sabor la entrega de la administración del dominio .co que tenía la
Universidad de los Andes, a una tal Promesa
de Sociedad Futura.

El
proceso refleja la forma como en el país se manejan los asuntos relacionados
con las tecnologías informacionales: ineptos funcionarios, diestros en trampear
la ley, entregan a obscuros intereses un recurso de suma importancia para el
desarrollo tecnológico.

La
administración del dominio .co lo venía desempeñando la Universidad de los
Andes desde 1991, cuando apenas empezaba el vertiginoso desarrollo de Internet
en el mundo. Aunque sede del neoliberalismo más cerril, dicho establecimiento
realizó una gestión compatible con los criterios que orientan la Galaxia
Internet.

Sin
embargo, y como muestra querer recuperar el control de un factor cada día más
estratégico,  el Estado, a través
del artículo 2° de la Ley 1065 de 2006 dispuso que dicha administración fuese
transferida al Ministerio de Comunicaciones, por cuanto se trataba de una
función administrativa propia de esa cartera.

Pero
en el camino las cargas se fueron componiendo hasta que, finalmente, esa
actividad quedara en manos de la Promesa
de Sociedad Futura conformada por dos empresas: Arcelandia y Neustar.

Arcelandia
tiene todo el aspecto típico de esas empresas-esponja, que son sólo espuma, pero
¡¡cuando engullen!!… Se presenta como una firma que, entre otras actividades,
«asesora a empresas con base tecnológica en el extranjero«; lo que induce a
pensar que se trata de un jugador importante en estos campos.

Pero
no. El fuerte de Arcelandia son los otros negocios, los de intermediación que
le permitieron, por ejemplo, aumentar en más del 400 por ciento sus ingresos y
sus utilidades en un solo año, entre 2007 y 2008. En cuanto a tecnología,
presenta dos dudosos casos de éxito, al parecer desarrollados con aliados
azarosos.

Esta
firma (con algo así como el 80 por ciento de participación en la Promesa de Sociedad Futura), es una
pieza del tejido que conforman varias firmas dedicadas a negocios varios, intermediación
y representación comercial con énfasis en la distribución de licores nacionales
e importados, cigarrillos y medicamentos.

Aún
así (o, tal vez, por eso), concursó y ganó la licitación, asociado a Neustar, operador
los registros .us y .biz. A que le adjudicaran el contrato intento aspirar también Verisign Switzerland, uno de los
certificadores de Internet más relevantes del planeta; que cuestionó varios aspectos
del pliego sin obtener, como era de esperar, respuestas satisfactorias.

En
cambio otras cuestiones sí fueron resueltas a satisfacción de los
intervinientes. Juan Diego Calle, alto directivo de Arcelandia y CEO de Straat
Investments (otra de apariencia esponjosa, con dos negocios en tecnología, los
mismos que presenta como únicas experiencias en el sector la ya citada Arcelandia) solicitó modificaciones a la normativa que buscaba recuperar para el Estado el control del dominio. 

Para
este efecto, contó con la asesoría de Gabriel Jurado quien hasta tres meses atrás había
ocupado la dirección de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y
antes, durante este mismo gobierno, había sido secretario general del
ministerio de comunicaciones, entidades directamente relacionadas con el tema.

Desde
luego, todo comerciante tiene pleno derecho a ampliar su radio de acción,
buscar nuevas opciones y derrotar a una firma internacional experta en Internet
para reemplazar una universidad de primer rango: eso se llama emprendimiento.

Pero
¿Y el Estado? Es dudoso que pueda cumplir con sus pretensiones de orientador y auspiciador
del desarrollo tecnológico, con esta clase de jugadas en las que traiciona sus propias intenciones y pone en riesgo el interés social.

 

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