Desgobierno y politiquería en EPM

Una de las preguntas más comunes en economía es la referente a quién administra mejor los recursos, el Estado o el  mercado. El caso de la administración de las empresas no es la excepción y es uno de los más interesantes para entender que en economía, ni en ninguna ciencia social, existe verdad absoluta por la infinita posibilidad comportamental del principal agente, el ser humano. En este momento, Empresas Públicas de Medellín (EPM) enfrenta una de sus mayores crisis de gobierno corporativo, reputacional y, aún más grave, de gestión del riesgo.  Qué facilista sería acogerse a las tesis del alcalde Quintero y afirmar que EPM está plagada de corrupción gracias a sus problemas contractuales y de ejecución en Hidroituango, que, además, por este motivo, como él lo afirma, todo el personal de alto nivel de la compañía debe cambiarse por quien él proponga. El autoritarismo en carne propia.

En primer lugar, EPM tiene una historia de credibilidad, solidez y autonomía, que la ha hecho una de las compañías más queridas no solo por el empresariado antioqueño sino por todos los colombianos. Con la llegada de Quintero, esta gran reputación parece haber cambiado a raíz de unos hechos que amenazan la estabilidad de la empresa y que ponen en riesgo la independencia y el gobierno corporativo, convirtiendo a una de las empresas públicas más importantes del país en un fortín político, víctima del clientelismo.

Lo ocurrido entre septiembre y agosto es una vergüenza no solo para EPM sino para la administración pública de empresas del Estado. Cómo es posible que Quintero haya tenido la osadía de nombrar a Sandra Suárez del Grupo Semana como miembro de la junta, independientemente de que no haya aceptado. Posiblemente la junta de EPM sea una de las juntas más técnicas. ¿Qué sabe Suárez del negocio y del sector energético? ¿Qué experiencia tiene en lo público aparte de haber estado en las toldas uribistas? Y ni hablar de Omar Flórez y su cercanía con Germán Vargas Lleras, algo que todo el mundo conoce.

Ahora, se presentó la salida de Álvaro Rendón, quien fue presidente de EPM desde enero de 2020 y quien, a pesar de llevar un año en el cargo, sería gerente hasta 2023, pues el contrato así lo estipulaba. Lo único que ha hecho Rendón, que podría no ser de agrado para el alcalde, es denunciar la interferencia que Quintero ha tenido y la irrupción a las normas de gobierno corporativo y de independencia que caracterizaban a EPM desde hace décadas.

Todo parece indicar que Quintero quiere extender una sede de su despacho a la gerencia y junta de EPM. Lo triste realmente es lo perjudicado que sale el patrimonio público no solo de Antioquia, sino del país. Completamente entendible el rechazo que ha tenido el Grupo Empresarial Antioqueño al alcalde por su desgobierno y politiquería. Además, es repugnante la vanidad política que tiene Quintero, exactamente la de querer pintarse como el mesías anticorrupción, lo cual se ha demostrado con sus perfilamientos y censura a la prensa que no lo es.

El caso de EPM es un caso que muestra una vez más si el Estado es o no un administrador eficiente. El problema no necesariamente es que el Estado tenga empresas para obtener rentas e ingresos para la inversión pública, el problema real es el desaforado poder que tienen los dirigentes de turno a la hora de tomar decisiones que afectan la independencia de la actividad empresarial. La crisis de EPM debe abrir el debate acerca de la regulación entorno a la administración estatal de activos y así, proponer quitarle poder a los políticos. En fin, ni imaginarse a un personaje como Daniel Quintero administrando un activo estratégico como Ecopetrol.