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Uno reflexiona sobre el nuevo código de Policía y dan ganas de escupir el piso.

Foto tomada del eltiempo.com

Hace 5 años agentes de la Policía Nacional se inventaron un atraco a un bus, plantaron un arma de fuego como evidencia falsa, consiguieron testigos y hasta un conductor de transporte público que justificara la muerte de un niño con una lata de aerosol. El patrullero Wilmer Alarcón disparó a Andrés Felipe Becerra, que andaba “rayando” por ahí, y lo que siguió constituye uno de los actos más vergonzosos llevados a cabo por la Policía Nacional de Colombia.

Para fortuna de los padres de Andrés, ni el patrullero, ni sus compañeros y mucho menos sus superiores gozan de competencias suficientes para encubrir un crimen —ni qué decir sobre investigarlos—, y se supo que desde el coronel Nelson de Jesús Arévalo, el coronel Javier Vivas, el general Francisco Patiño y los demás cabezahuecas que querían esconder la falta del patrullero Alarcón se pensaron un plan para encubrir el asesinato.

Es comprensible una acción de la policía en el caso de Andrés Felipe, pues nadie se puede dejar atrapar haciendo grafitis por ahí; pero contrario a lo que afirmarían los mamertos de ultraderecha, un niño escribiendo con pintura en una pared no da para un disparo.

Aún así, lo que resulta más sospechoso no es la muerte del muchacho, sino el esfuerzo tan descomunal —y tremendamente imbécil— de toda la estructura de mandos que, en cambio de aceptar el error del patrullero y ofrecer disculpas a la comunidad, prefirió idear un plan criminal digno de gente con dudosa capacidad para pensar. ¿Por qué no pedir perdón a la comunidad? ¿Por qué prefirieron esconder lo que bien podría ser un error humano con más delitos —encubrir al patrullero, plantar evidencia, etc—?

 

Porque son una institución débil, que no inspira confianza, casi ilegítima y tan vergonzosa que no pueden darse el lujo de aceptar errores de ese tipo.

 

Dos años después apareció un video en el que el cantante extranjero Justin Bieber era custodiado por la policía mientras rayaba un muro de la 26. Y ahí pasó del asesinato a la ofensa colectiva por parte de esa institución. Mientras a unos los protegen para cometer delitos a los de acá, a los suyos propios, les disparan.

El resto ya lo sabemos, porque todos los años salen noticias: que en Cali capturaron a unos uniformados por hacer parte de la policía y, a la vez, de otras bandas criminales; que en Medellín reciben salarios adicionales por permitir el funcionamiento de las ollas; que Palomino retiró —antes de ser el Palomino sospechoso de participar en redes de prostitución masculina— a 249 uniformados por ser más delincuentes que la gente pobre que persiguen. También se supo que se han encontrado coroneles (así como carros oficiales) con toneladas de cocaína y de dinero; que algunos coroneles eran sobornados hasta con favores sexuales de niñas (desde luego menores de edad); que algunos no solo trabajan para narcotraficantes, sino que efectivamente son narcotraficantes; que también trabajan en lo del sicariato y, por supuesto, como todo funcionario público, que hacen fiestas con el dinero del erario robándoselo de a poquitos entre todos. Para ver las noticias pueden hacer clic en los hipervínculos.

 

¿Cómo funcionan “el bronx”, “el cartuchito”, “el samber” y todos los lugares podridos del país —a la vista de todos los ciudadanos— si no es con la anuencia de la Policía?

 

Conclusión: la institución más podrida del país, la Policía Nacional, siempre ha hecho lo que ha querido y, con lo que se denuncia en los medios de comunicación, ahora tendrán permiso para hacerlo. Algunos de sus puntos son sensatos, por supuesto, pero cosillas como que puedan entrar a propiedad privada sin necesidad de una orden judicial bajo la excusa de “lo estrictamente necesario”, que no se les pueda decir nada —o en palabras oficiales “interferir con la acción policial”— o que puedan retener un ciudadano por consumir alcohol en un bar para luego caminar a casa ya raya con lo absurdo. Por favor, si se ingeniaron tremendo show con lo del grafitero ¿cómo será cuando estemos hablando de uniformados que se dedican a la delincuencia y que sí aprobaron el bachillerato? Darle tanta libertad a la Policía Nacional deja una sensación de desprotección del ciudadano. Una libertad que sin lugar a dudas debería resultar sospechosa.

 

Y todo lo anterior sin contar que los agentes de la policía son en su mayoría abusivos y arbitrarios. El sonsonete de que “no todos son así” no convence.

 

Les dicen por ahí “tombos” y “cerdos”, no solo porque incomodan a los delincuentes, sino porque incomodan a los que no son delincuentes a través de atracos disfrazados en contravenciones que usualmente pretenden el soborno. Eso quiere decir que aunque en la práctica no sea así, en el país hay unos 180 mil policías que son potenciales criminales, de la misma manera que un político se tuerce cuando llega al poder.

Este año retiraron a más de 1500 uniformados de la institución, pero eso sucede cada año (aunque no en tanta cantidad). Esto quiere decir que no se trata solamente de sacar las «manzanas podridas» sino de cómo se ve la institución a sí misma y cómo el cambio no está en echar policías, sino en enseñarles tan siquiera sobre respeto al ciudadano y una pizca de ética. Esa pizca que le falta a casi todos los políticos del país. De esta manera, de pronto, nos protegerían no solo de nosotros mismos, sino también de sus jefes que viven robándose la plata que obligadamente reunimos con los impuestos.

 

El código va a pasar y todo tipo de poder ridículo ahora será parte de las tantas facultades de un uniformado. Cualquiera pensaría que a mis lectores con tendencias delincuenciales les conviene unirse a la institución, y así se ahorran un montón de problemas.

Y también invitaría a mis lectores normales, los ciudadanos que usamos Transmilenio solamente para transportarnos o trabajar (honradamente), que ya no solo debemos cuidarnos de los ladrones, fleteros, secuestradores, etc, sino de esos que tienen permiso para cometer delitos y están escondidos tras el uniforme de la Policía Nacional, que no protege la libertad tanto como el orden: el orden de “unos sí y otros no”, en el que unos pueden, por ejemplo agredir a un uniformado (como Nicolás Gaviria o Samuel Moreno) o robar y no llevar ninguna consecuencia, y los que nos toca protegernos de los delincuentes civiles y los delincuentes del Estado.

Códigos con tantas facultades para sus miembros solamente funcionan en donde la corrupción no ha carcomido todas las instancias de la vida pública si no, ahí sí, terminamos como los países con los que tanto nos comparamos y que están bajo verdaderas dictaduras.

 

PDTA: escuché por ahí «a mi casa, sin una orden judicial, entra la policía colombiana sobre mi cadáver». Entiendo la afirmación.

 

 

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